A más tardar pasado mañana, Emilio Lozoya debería comparecer ante los jueces federales que lo reclaman, si nos atenemos a la versión de fuentes de la FGR que aseguran se pidió un plazo de siete días para presentarlo, cuando lo hospitalizaron el viernes pasado un par de horas después de su llegada a México. Ese permiso judicial podría ampliarse según vaya la convalecencia por la cirugía de hernia que se le practicó. De cualquier forma, lo más probable es que será una presentación vía remota, ya que las audiencias judiciales, en virtud de la pandemia, solo se están llevando a cabo en esa modalidad.

¿Estamos ante un procedimiento ilegal o algún tipo de maniobra que apunte hacia la impunidad? No, según la opinión de varios abogados consultados por esta columna. Estamos más bien ante un procedimiento legal, pero inusual en delitos de cuello blanco, que desatinadamente se empañó desde su inicio por falta de información clara y oportuna de la FGR.

Informar inmediatamente después de su llegada que Lozoya sería trasladado en helicóptero a un hospital, y aclarar que el convoy que partió del aeropuerto al Reclusorio Norte no llevaba al detenido, hubiera evitado interpretaciones de que se engañó a la prensa, tufos de ilegalidad y los desatinos de AMLO yAlfonso Durazo al asegurar el viernes pasado que ya estaba en prisión.

Como se sabía que el exdirector de Pemex negoció aceptar su extradición a cambio de aportar información que redujera su condena, aquel desorden alimentó la idea de que atestiguábamos un primer capítulo de un pacto de impunidad, al estilo de gobiernos anteriores.

Pero no es así. Está previsto en disposiciones del nuevo sistema de justicia penal. Lozoya llegó a México en calidad de detenido y esa es hasta ahora su situación jurídica. Contra él se ejecutó una orden de aprehensión y deberá ser presentado ante los jueces federales.

Con el permiso concedido por ellos, se libró la obligación constitucional de consignar al detenido en un término no mayor de 48 horas. Claro que la FGR deberá presentarlo una vez que, pasado mañana, se venza el plazo acordado, aunque ahora se atravesó la operación a la que se le sometió.

Desde su llegada a México, Lozoya ya amplió ante el ministerio público, no ante los jueces, la declaración que hizo en España y que, de acuerdo con filtraciones, involucra en la trama a Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y otros más.

¿Qué seguiría? Por supuesto su presentación ante jueces mexicanos para dar paso a un juicio abreviado en el que el acusado acepte su culpabilidad y repare el daño cometido, a cambio de una pena reducida si es que el MP no opta, como puede hacerlo, por no ejercitar la acción penal. AMLO dijo ayer que a su gobierno le interesa recuperar dinero, por ejemplo, los 200 millones de dólares del sobreprecio pagado por Pemex al comprar Agronitrogenados. Así, la reparación del daño evitaría que el latrocinio quede impune.

Todo eso es posible mediante los llamados criterios de oportunidad, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la causa de Lozoya aplica principalmente la fracción quinta: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.

Todo indica, en este escenario, que Lozoya no pisará la cárcel pero que la información que aporte destaparía una red de corrupción en la que estarían involucrados al menos dos expresidentes. Ese fue el trato.