La Conago pretende poner orden en las acciones de la estrategia de seguridad pública nacional, solo con la colaboración de los gobiernos de los estados, puede realizarse. El Presidente de la República, al inicio de su mandato ofreció que en medio año bajaría el índice delictivo en el país; fracasó y amplió el plazo a un año; volvió a fallar, la promesa se fue a 2 años. 2019 será recordado como el año más violento en México, casi 36 mil homicidios; el gobierno de la 4T es incapaz de contener la violencia con la política de los “abrazos”, debe imponer el imperio de la ley a los delincuentes. López no suma, divide; acusó a gobernadores de no asistir a reuniones de seguridad en sus estados; Sheinbaum se sumó a la queja, argumentó que asiste a todas las reuniones, sin embargo en la CDMX, la delincuencia sigue al alza. El Presidente se jacta, afirma presidir diariamente las reuniones de seguridad, pero no da resultados positivos. El tema se agudizó en la conferencia de este miércoles, cuando lo increparon sobre la incidencia delictiva; López Obrador, sin sustento alguno (solo su palabra), afirmó que para el 1 de diciembre, el país estará pacificado. No hay programa de seguridad nacional que involucre a todos los estados y municipios del país. No hay compromisos del gobierno federal de apoyar a todos con recursos económicos, capacitaciones, implementos de trabajo; nada, solo promesas. No es creíble lo que, por enésima ocasión, el Presidente volvió a prometer. La Conago prepara un documento que obligue a todos los involucrados, con orden, programación y metas, a combatir con inteligencia y fuerza a la delincuencia. El documento contendrá obligaciones, podrán ser medibles las obligaciones; prevé que los gobernadores no sean exhibidos por el primer mandatario, culpándolos del fracaso de la creciente inseguridad. En tanto el Presidente, junto con su gabinete de seguridad, no atinan a crear una estrategia que de aglutinamiento; la delincuencia, ellos bien lo saben, están más unidos; las autoridades responsables de brindar seguridad pública a la población, desvinculadas.
El Presidente concitó a gobernadores y responsables de la seguridad nacional a un desayuno en Palacio Nacional, obligado ante la inminente llegada de William Barr, Fiscal General de los EU, quien literalmente viene, por segunda vez en 2 meses, a verificar el cumplimiento de compromisos en materia de seguridad, la cual afecta al país vecino, pone en riesgo a los norteamericanos, situación inequívoca que obligará a López Obrador, a modificar su política de “abrazos” a los delincuentes. Se requiere efectividad, no promesas como hasta ahora; el fracaso ha sido evidente. La política del gobierno de la 4T, en materia de seguridad, tiene amarrados a los cuerpos de seguridad pública, está primero la tutela de los derechos de los delincuentes, que la seguridad nacional y protección ciudadana. El Presidente debe probar a Barr, que están trabajando, en conjunto, las autoridades responsables de la seguridad pública en el país, municipios, estados y federación. Solo falta la estrategia adecuada para lograr buenos resultados. Si bien las responsabilidades están definidas en la Constitución, operativamente hay una descoordinación en la cadena de mando y falta absoluta de apoyos por parte de la federación, para combatir de forma eficiente y eficaz a la delincuencia; debe terminar la necedad de los “abrazos” a los delincuentes e imponer el imperio de la ley para, al menos, contener la ola delincuencial con efectividad. Hasta hoy promesas incumplidas del Presidente.
Analista legislativo
