El reto pendiente de la reinserción social | Querétaro

El reto pendiente de la reinserción social

Felipe Fernando Macías Olvera

Se hará una amplia revisión de todas las condiciones que pueden mejorarse en penitenciarías

En el modelo de justicia penal que se instauró en los años recientes, uno de los principios fundamentales es lograr la reinserción social de las personas sentenciadas. Para ese propósito los centros penitenciarios juegan un papel fundamental: ahí se espera que la persona llegue a la convicción de no reincidir -es decir, no volver a cometer delitos- y a reintegrarse a la sociedad con un modo honesto de vivir.

Sin embargo, al revisar las cifras disponibles acerca de la situación de los centros penitenciarios, es fácil advertir que no sólo no se cumple con este propósito, sino que los centros penitenciarios además son un riesgo para los derechos de quienes ahí se encuentran. Un ejemplo claro es el caso de la separación de personas privadas de la libertad, ya que en los centros penitenciarios conviven personas que cumplen con una medida cautelar (como la prisión preventiva) con aquellas que cumplen una sentencia condenatoria.

La diferencia entre ambas poblaciones internas es sencilla: unas ya han sido condenadas y las otras aún tienen investigaciones en curso. A pesar de que la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen que deben estar separadas, los datos de la ENPOL 2021 del INEGI reflejan que en el 48% de los centros no hay separación entre unos y otros. Esto significa que las malas circunstancias de un centro que pongan en riesgo los derechos humanos de cualquier persona afectan tanto a quienes ya compurgan una pena como quienes pudieran resultar inocentes.

Otro caso es el relativo a revisar qué tanto sirven las cárceles como mecanismo para garantizar efectivamente la reinserción social de una persona. El modelo penitenciario establecido en la Constitución está basado en el trabajo, la educación y el deporte como pilares para buscar que quien haya cometido un delito no lo vuelva a hacer. Sin embargo, no es posible analizar a fondo el cumplimiento de estas tareas porque existe un problema general más amplio: la sobrepoblación penitenciaria.

En esta materia, Querétaro es el estado mejor evaluado con 8.47 puntos de 10 posibles, lo cual nos vuelve un referente a nivel nacional para implementar un adecuado modelo de reinserción social. Sin embargo, la situación nacional es grave, pues de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la CNDH, el 85% de los centros federales y al menos 121 penales estatales en 23 estados tienen sobrepoblación penitenciaria. 

Con la reciente visita del ministro Arturo Zaldívar -presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Poder Judicial de la Federación- al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, se ha puesto nuevamente en el centro de la discusión pública la necesidad de voltear a ver a los centros penitenciarios en nuestro país. Por ello, desde la Comisión de Justicia haremos una amplia revisión de todas las condiciones que pueden mejorarse para lograr que el sistema penitenciario funcione mejor y cumpla con su verdadero objetivo: lograr la reinserción y la no reincidencia; que las cárceles dejen de ser “universidades del crimen” y sean verdaderos centros para la reinserción. 

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