En Querétaro uno de nuestros mayores orgullos es ser Cuna de la Independencia; en nuestra ciudad se fraguaron las ideas y las aspiraciones de ser un país libre de cualquier dominio extranjero. Por ello, las y los queretanos somos herederos históricos de la protección de las libertades y las diversas formas en que se traduce la independencia.

Actualmente, una de las vertientes más importantes de la independencia es aquella que existe dentro del funcionamiento de las instituciones. Principios como la división de poderes y el respeto de la autonomía son pilares en los que descansa el Estado de Derecho que, a su vez, es un principio de gobernanza para el desarrollo de toda sociedad democrática y apegada a su Constitución.

Uno de sus aspectos fundamentales es la independencia judicial. Como lo dijo Justo Sierra: “Sin la independencia de la justicia no hay justicia y, sin justicia independiente, no hay propiamente instituciones: la República se llama despotismo”. Por ello, resulta fundamental que quienes ejercen la función de juzgadores puedan decidir con total libertad.

El pasado 23 de abril de 2020 se aprobó en el Congreso de la Unión la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial, un proceso legislativo que se vio opacado por un grave atentado de la mayoría morenista contra la independencia judicial. Mediante un artículo transitorio pretendían la extensión del cargo de la integración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), algo inconstitucional.

La contradicción del texto constitucional mediante un artículo transitorio afectaría gravemente la independencia judicial, en primera instancia, porque representaba una intromisión directa del Poder Legislativo en la normatividad que rige al Poder Judicial. Por otra parte, porque supeditaba la extensión del cargo a la voluntad política y no a lo dispuesto por la ley.

En conjunto, estos aspectos se sumaban a una consideración ineludible: el presidente de la SCJN es también la cabeza del CJF. De alguna forma, dañar la independencia de la cabeza del Poder Judicial de la federación afectaría la independencia judicial del resto de los órganos jurisdiccionales.

Frente a este atropello contra la Constitución y las instituciones democráticas, desde la oposición impulsamos una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta el día de ayer por la SCJN. En la sentencia se determinó la invalidez de este artículo y, con ello, no sólo se dio la razón a los argumentos que presentamos durante muchas horas en la discusión de este asunto, sino también se consolida el papel de la SCJN como un bastión de la independencia judicial.

Sin embargo, esta resolución está lejos de ser una victoria definitiva. En el Congreso de la Unión con frecuencia la mayoría morenista impulsa reformas que pueden ser consideradas como fraudes a la Constitución. Por ello, como queretano y como legislador, reafirmo mi compromiso de actuar siempre en defensa de la independencia judicial y de la Constitución.