La anterior fue una semana difícil para el gobierno federal ante la revelación que hizo el New York Times que aquél estaría espiando conversaciones telefónicas de comunicadores, defensores de derechos humanos y líderes anticorrupción, pero es sin duda mucho peor para los mexicanos que aspiramos a gozar plenamente de derechos y garantías a cambio de los cuales hemos cedido a la autoridad la facultad de ejercicio de la fuerza pública y vigilancia para nuestra propia protección.

Una de las garantías que nos otorga la Constitución es la privacidad de las comunicaciones, diciendo textualmente que las comunicaciones privadas son inviolables y que las intervenciones que de ella se hagan deben ser autorizadas por la autoridad federal judicial federal, para lo que habrá de sujetarse a los requisitos y límites previstos en las leyes. No fue el caso de las intervenciones hechas a los celulares de Carlos Loret, Carmen Aristegui o Juan Pardinas.

Esta revelación significó otro fuerte golpe al gobierno, particularmente a la figura del Presidente Enrique Peña Nieto y de su propio partido que hace algunas semanas tuvo un respiro con la victoria del PRI en la elección para gobernador del Estado de México. La presente situación pareciera sumarse a otros argumentos de que esta versión del PRI es peor que aquella que parecía haberse ido en 2000 para llegar renovada y con mejores hábitos en 2012.

El regreso del PRI a Los Pinos parecía haberse dado acompañado de un fuerte apoyo de los principales medios de comunicación, a quienes incluso se les señalaba como los creadores de la figura del propio Peña Nieto, que fue a la altura de un estrella de rock. Ahora pareciera que la relación con los medios más importantes de México se ha agriado, y que estos, al cumplir en buena parte con su labor informativa pudieran haber sido al mismo tiempo los causantes del deterioro de la imagen presidencial que se encuentra en números muy bajos.

El Presidente rechazó las acusaciones de que su administración estuviera llevando a cabo espionaje a través del sistema Pegasus, supuestamente adquirido por el propio gobierno y dejó en manos de la Procuraduría General de la República la investigación para deslindar responsabilidades.

El asunto no es menor y potencialmente nos afecta a todos los ciudadanos que de manera permanente o eventual pudiéramos ser intervenidos, por el gobierno o incluso por particulares con acceso a la tecnología adecuada y el dinero para adquirirla. Nuestras vidas, en lo personal y en lo profesional, se basan hoy en buena medida en esquemas de comunicación como correos electrónicos, llamadas en celular, que pueden contener video, videoconferencias, fotografías y archivos almacenadas en computadoras o en lo que se le conoce como “la nube”. En la medida que estas puedan quedar expuestas será un riesgo para todo aquél que participe en ellas y una violación más a las garantías constitucionales, como si a este país y sus habitantes les faltara una muestra más de que el estado de derecho sigue siendo una aspiración, dejando tanta letra muerta en la constitución y las leyes que derivan de ella.

Está por demás decir que los estas herramientas en manos del gobierno sólo justifican su existencia si son usadas para combatir al crimen, que parece estar ganando toda y cada una de sus batallas en distintos territorios a lo largo del país. La seguridad nacional justifica por supuesto la intervención telefónica pero jamás debe rebasarse la línea que utiliza estos recursos como elemento de espionaje político, en contra de ciudadanos mexicanos.

El gobierno nos debe garantizar nuestros derechos, lo cual desafortunadamente no está sucediendo, deficiencia que no puede ser sólo atribuida al gobierno federal, sino a algunos gobiernos estatales y presidencias municipales. Deberá también convencernos de que la nota del New York Times, uno de los periódicos más prestigiados del mundo es fake news, así como de que se perseguirá y castigará a los particulares que pudieran estar utilizando tecnologías similar para espiar cualquier comunicación llámese correo electrónicos, llamadas o mensajes.

La ciberseguridad y de las comunicaciones debe ser uno de los nuevos grandes retos del gobierno, por lo que sería una pésima noticia para los mexicanos comprobar que dentro del gobierno dependencias y tecnología destinada para intervenir las conversaciones de personas que no son sospechosos de haber cometido delito alguno. Parece que el Big Brother nunca dejó de estar, pero está apuntando su vista a las personas no indicadas, al menos no si lo que busca es la seguridad nacional y no personal.

Abogado con maestría en políticas públicas.
arturomaximiliano.com.mx
@maximilianogp