La mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia para el caso de Pit, el perrito que fue amarrado y arrastrado con un vehículo de uno de sus vecinos el pasado 4 de abril en el Fraccionamiento Los Encinos, en el municipio de El Marqués, para después ser abandonado en algún lugar donde no ha podido ser localizado.

En dicha audiencia, el inculpado fue vinculado a proceso y se le impusieron medidas cautelares, como la vigilancia de la autoridad y no se puede acercar a la familia de la víctima ni a los testigos.

Mónica Huerta Muñoz, abogada de la víctima, detalló que se trató de una audiencia repositoria, ya que en la audiencia pasada no se vinculó a proceso al imputado, debido a que la juez determinó que, al tratarse de un delito con resultado material, y materialmente el can no está (ya que se encuentra desaparecido), no se podría saber cuál era la afectación y debido a ello no se podía vincular.

“Tanto la Fiscalía como la asesoría jurídica apelaron la resolución que resolvió la sala penal del Tribunal y nos dio la razón, resolviendo que, nada más con que exista una presunción de que el hecho haya ocurrido y que la persona que se está señalando sea el que participó, la sala consideró que se actualizan estos dos supuestos que considera el artículo 19 constitucional y le pide (a la juez) que vuelva a hacer una valoración de la prueba que se presentó en la audiencia y que vincule a proceso”, detalló.

Por ello, ayer fue reanudada la audiencia, lo que se refiere a que el imputado es sujeto a un procedimiento penal, como sucedió en su momento con el asesino de Athos y Tango, aunque consideró que este caso podría no llegar a juicio.

“Pudiera ser sujeto, por la cantidad de años o de penas que aplican a este caso (…) Tiene ya medidas cautelares; es decir, está siendo vigilado por la autoridad y no se puede acercar a los vecinos y a la víctima”, detalló.

Agregó que, al no tenerse conocimiento sobre el paradero de Pit, y no tener un resultado material (es decir, al no saber con certeza si fue asesinado), el acusado sólo ha sido imputado por delitos contra los animales por lesiones, más la agravante por métodos crueles, por lo que la pena a la que podría aspirar es de 1.6 a tres años de prisión.

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