Querétaro es uno de los 12 estados de la República en los que se utiliza en mayor medida la prisión preventiva justificada, lo que ha traído consigo impactos positivos en la impartición de justicia, de acuerdo con la organización México Evalúa.
El colectivo #LaJusticiaQueQueremos urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y destacó que en Querétaro, junto con otras 11 entidades, se aplica con mayor frecuencia la prisión preventiva justificada, sin que ello haya generado afectaciones a la seguridad o al sistema judicial.
La entidad, en conjunto con Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán es una de las que menos utiliza la prisión preventiva oficiosa.
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De acuerdo con el colectivo, que publicó su pronunciamiento a través de la página de México Evalúa, esta evidencia demuestra que existen prácticas judiciales más respetuosas de los derechos humanos y funcionales para el debido proceso
A diferencia de la prisión preventiva justificada, que requiere evaluación judicial sobre riesgos procesales y alternativas, la prisión preventiva oficiosa impone el encarcelamiento automático sin posibilidad de defensa previa. Esta medida ha sido señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como violatoria del derecho a la libertad personal, presunción de inocencia, igualdad ante la ley e independencia judicial.
El reclamo se basa en sentencias como los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile vs. México, así como en resoluciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, que ha exhortado al Estado mexicano a derogar esta medida en al menos 10 ocasiones entre 2019 y 2023. La figura contraviene, afirman, disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Organizaciones integrantes del colectivo argumentan que esta figura no sólo es jurídicamente insostenible, sino que resulta ineficaz. En 12 estados del país, como Querétaro, Yucatán y San Luis Potosí, la prisión preventiva justificada es la más utilizada, sin que ello haya tenido un impacto negativo en la seguridad pública o en el sistema judicial.
Por el contrario, señalan que la prisión preventiva oficiosa altera el debido proceso, incentiva la vinculación a proceso de forma expedita y prolonga de manera innecesaria las audiencias iniciales, generando prácticas que vulneran derechos fundamentales.
