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Colectivos y asociaciones civiles consideran que el programa estatal hídrico que presentaron el Consejo Consultivo del Agua y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), no cumple con los requisitos para fortalecer la política hídrica del estado.
En rueda de prensa, señalaron que la propuesta no fue elaborada desde una convocatoria social amplia y no cumple con elementos básicos de planeación, además de que carece de metas, plazos y alineación presupuestal.
Agregaron que la propuesta omite datos diagnósticos sobre cobertura de servicios, fugas, contaminación, salud y riesgos, y no considera diagnósticos y propuestas de política hídrica que ha presentado la ciudadanía.
“Estrictamente no cumple con todos los requisitos para ser un programa, al no definir responsabilidades, metas, alineación presupuestal, ni plazos, por lo que solo representa un primer saque de análisis”, señalaron.
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Puntualizaron que los colectivos firmantes entregarán a la CEA el análisis y las propuestas que realizaron sobre este borrador, y solicitarán un espacio de trabajo para que sus observaciones sean incorporadas. Dijo que si bien la redacción del documento utiliza un discurso políticamente correcto, margina en su confección y estructura los derechos de la naturaleza, niñez y género, al no implementar criterios de transversalidad y garantías de responsabilidad intergeneracional.

Indicaron que la propuesta omite tópicos fundamentales como cobertura justa y eficiente de servicios públicos, fugas y pérdidas en el sistema de abasto, calidad del agua, contaminación y salud humana, riesgos por siniestros, conflictos y tensiones por injusta asignación o distribución. “Si bien el documento reconoce la urgencia de revertir el modelo hidrosocial actual, las acciones propuestas no prevén cambios profundos”, dijeron.
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Los colectivos puntualizaron que las líneas que sugiere esta propuesta para “solucionar” la crisis hídrica siguen el modelo vigente, y está centrado en la búsqueda de incrementos en el abasto, sin enfrentar el acaparamiento, la contaminación y el reparto injusto.
Ante ello, los colectivos proponen la creación de un laboratorio estatal de calidad del agua, aplicar criterios para una educación hídrica integral y una contraloría ciudadana del agua.
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