Solo el 1.5% del padrón de deudores alimentarios ha cumplido con los pagos de las pensiones, dijo el presidente de Poder Judicial del estado de Querétaro, Braulio Guerra, y reconoció que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) sigue creciendo pero carece de consecuencias reales para quienes aparecen en él; actualmente, dijo, son 133 personas inscritas, pero solo dos han pagado en lo que va del año.
Guerra Urbiola explicó que la lista del RNOA se actualiza en los primeros cinco días hábiles de cada mes y que la tendencia al alza confirma que “son menos los que pagan y más los que, a pesar de estar en el registro nacional, no pagan”.
Subrayó que la inscripción en el padrón no ha generado presión suficiente: “Parece que estar en el registro nacional de deudores no le importa a los deudores; necesitamos leyes que tengan dientes, que generen una consecuencia real”.
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Como respuesta, el Poder Judicial aprobó una política interna histórica, ya que ninguna persona deudora alimentaria podrá trabajar en la institución ni ser contratada en lo sucesivo. Para ello, será obligatorio que todo servidor público y aspirante presente su constancia de no inscripción en el RNOA.
“No puede haber ninguna persona que trabaje en el Poder Judicial que sea deudora alimentaria. Queremos ser la primera institución libre de deudores”, afirmó el funcionario.
Añadió que incluso quienes ya laboran en el Poder Judicial deberán ingresar al sistema con sus datos y presentar el certificado correspondiente.
Guerra Urbiola llamó a que otras instituciones adopten medidas similares, pues la sola existencia de la lista no garantiza consecuencias.
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Además, aclaró que el RNOA no es una lista pública abierta, sino un sistema en el que se debe ingresar el CURP de la persona buscada.
“No es una lista abierta… tú ingresas los datos y arroja si está o no está, pero tienes que tener el CURP”, explicó.
El magistrado presidente insistió en que las instituciones deben establecer consecuencias jurídicas tangibles; por ejemplo, que para realizar trámites como pasaporte, se solicite como requisito la constancia de no deudor alimentario. La ley, dijo Guerra Urbiola, debe ser más que “una poesía política”.
Finalmente, recordó que existen vías penales para exigir el pago, aunque pocas veces se utilizan.
“Si los beneficiarios proceden penalmente, se puede fincar responsabilidad por la comisión de un delito, pero son muy escasos los asuntos que llegan a esa etapa”.