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Al menos 320 centros de rehabilitación operan en Querétaro bajo un esquema de supervisión permanente, que durante el último año derivó en 15 suspensiones y 10 clausuras por incumplimientos en materia de seguridad e infraestructura, dio a conocer el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Adolfo Ríos Méndez.
El funcionario recordó que el Comité Mixto de Supervisión, reinstalado en enero pasado, realiza inspecciones cada viernes en aquellos establecimientos donde existen denuncias o reportes ciudadanos, con la finalidad de verificar que cumplan con las condiciones mínimas para su operación.
Explicó que, además de estas revisiones, personal del CECA mantiene visitas constantes a los centros para brindar asesoría sobre el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028, que regula la atención de personas con problemas de adicciones.
“En el CECA nuestras facultades son informativas, nosotros recomendamos y acompañamos, y las sanciones corresponden a las dependencias integradas al comité”, señaló.
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Precisó que, en promedio, estos espacios albergan alrededor de 40 personas, aunque algunos centros pueden llegar a recibir hasta 80 usuarios.
Las principales irregularidades detectadas durante las inspecciones, dijo, están relacionadas con condiciones de seguridad e infraestructura que representan riesgos para quienes permanecen internados.
Tan sólo durante el mes pasado se aplicó una suspensión adicional luego de que Protección Civil identificó situaciones de riesgo en uno de los establecimientos supervisados.
Ríos Méndez también indicó que varios municipios del estado han comenzado a elaborar reglamentos propios para regular la operación de centros de rehabilitación dentro de sus territorios.
Detalló que Tequisquiapan, San Joaquín y Peñamiller se encuentran entre los primeros ayuntamientos en impulsar estas disposiciones, como parte de una estrategia promovida por la Secretaría de Gobierno para que los 18 municipios de Querétaro cuenten con lineamientos locales en la materia.
FOTO: Archivo El Universal
Asimismo, informó que el programa dirigido a infractores cívicos con problemas de adicciones ha canalizado a cerca de 405 personas a centros de rehabilitación desde diciembre de 2024.
“El esquema se encuentra en proceso de reactivación durante este año. Las visitas de inspección continuarán cada viernes, mientras que el equipo de supervisión del CECA mantendrá presencia diaria en los centros para acompañar el cumplimiento normativo”, precisó.
La NOM-028-SSA2-2009 es el “manual” operativo obligatorio. Detalla desde la infraestructura hasta el tipo de tratamiento que se puede ofrecer (prevención, tratamiento y control).
La Conasama (Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones), que integra al antiguo Conadic, es la autoridad encargada de supervisar y reconocer a estos centros.
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