Ya fue resuelto el conflicto entre los habitantes de El Campanario y la empresa desarrolladora La Reserva, esto luego de firmar un convenio donde la inmobiliaria se compromete a cumplir todas las especificaciones para continuar con la construcción de un nuevo edificio de departamentos.
A través de una circular, los vecinos informaron que esto fue el resultado de mesas de diálogo y la intervención de las autoridades municipales de Querétaro.
En el convenio se establece que: “la altura máxima que podrá incluir el desarrollo La Reserva es de 48.5 metros, respetar una restricción de construcción de nueve metros en la colindancia con a la unidad condominal y realizar la ampliación a tres carriles en ambos sentidos en la sección que hoy cuenta con dos, así como otros por menores que quedaron negociados a plena satisfacción de ambas partes y coordinación absoluta con la autoridad municipal”.
Actualmente, la desarrolladora La Reserva cuenta con todos los permisos necesarios y licencias para continuar con la construcción del edificio.
Contexto
El pasado 24 de junio se dio a conocer que el gobierno municipal de Querétaro clausuró de forma parcial la construcción de esta sección de El Campanario, ya que una de las tres licencias fue suspendida por no cumplir con lo establecido en el proyecto aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano capitalina.
El secretario general del Gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez, explicó que no se estaba realizando la ampliación a tres carriles como había sido planteado y aprobado al momento de otorgar la licencia de construcción.
El permiso general para desarrollar La Reserva fue otorgado por la administración pasada, encabezada por Marcos Aguilar Vega.
El 8 de agosto, Casillas Gutiérrez informó que el desarrollo habitacional reanudó sus labores de construcción, al comprobar que ya se cumplía con lo establecido en el permiso de construcción.
Lo anterior, aun cuando un juez federal negó a la constructora la suspensión de la clausura de la obra, impuesta por la autoridad municipal, tras un amparo que la empresa promovió contra la medida.
El funcionario municipal aseguró que el gobierno no emprendería ninguna otra acción administrativa hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo, para lo cual fue programada la audiencia constitucional para ese mes.
Después de varias mesas de diálogo y la intervención de las autoridades municipales, estatales y la sociedad en general llegó a su fin este conflicto que surgió desde hace más de cinco meses.
