En el estado hay 223 personas registradas como deudoras alimentarias, y el 96% de ellas son hombres, de acuerdo con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Poder Judicial de Querétaro.
De acuerdo con el histórico de la información que concentra a las personas que no han cumplido con obligaciones alimentarias para sus hijos, la cifra se ha incrementado en un 35% desde diciembre de 2025 hasta mayo de este año.
En diciembre de 2025 había un registro de 165 personas deudoras alimentarias; mientras que en mayo hay 223 en total. De esa cifra, 215 son hombres, mientras que ocho son mujeres.
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Asimismo, también se dio cuenta de que hubo siete personas que cambiaron de estatus a no deudor, debido a que se pusieron al corriente con el pago de sus obligaciones alimentarias, todos hombres.
La información también detalló que por distritos judiciales, el de Querétaro concentra la mayor cantidad de registros, con 194 en total. En segundo lugar se ubicó a San Juan del Río, con 18.
El distrito judicial de Jalpan de Serra tiene nueve registros, mientras que los de Cadereyta y Amealco tienen uno cada uno.
De acuerdo con la información disponible por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Poder Judicial de Querétaro, es posible consultar si una persona es deudora alimentaria en la plataforma del registro en línea, a partir del ingreso del CURP de quien se quiera consultar. Quienes no presenten adeudos de estas responsabilidades, pueden imprimir una constancia de no inscripción, para los fines convenientes.
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La Secretaría de las Mujeres en el estado ha anunciado que brindará acompañamientos jurídicos gratuitos para el registro de las personas que busquen la inscripción de alguien que adeude estas responsabilidades.
La dependencia compartió que en el estado existen más de 20 mil juicios por pensión alimenticia, no obstante, únicamente 223 personas han sido registradas como deudoras hasta el 8 de mayo pasado.
La Secretaría de las Mujeres también informó que el 51% de los casos que atienden como instancia, se derivan de casos de violencia económica, principalmente relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias de los padres, además de que 96% de las demandas iniciadas con el acompañamiento de la dependencia son vinculadas a pago de pensiones.
Asimismo, la administración estatal presentó la determinación de que ninguna persona deudora alimentaria podrá acceder a cargos públicos estatales, como una medida más para que estos incumplimientos de obligaciones para con sus hijos tengan consecuencias.