Durante la séptima sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad fue aprobado el Protocolo Único de Atención y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, con el que se homologarán las acciones de las dependencias municipales y estatales.

Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno en el estado, informó que fueron analizados todos los protocolos internacionales, nacionales y locales para atender la violencia de género, que mayormente afecta a mujeres.

Se identificó que dichas medidas requieren ser reforzados para que la respuesta sea inmediata y personalizada; para ello se integró un equipo de 11 instituciones y 18 personas para revisar 32 distintas normativas aplicables en el tema.

“Se encontró que todos estos protocolos son enunciativos, generalmente evocan principios y derechos de manera abstracta, aspiracionales, no orientan al operador en cuanto a las acciones, solamente en cuanto a las intenciones y las responsabilidades, se establece qué se debe hacer”, comentó.

Por esta condición, dijo que cada operador o funcionario que atiende a las víctimas de violencia interpreta lo que se debe hacer, lo que genera incertidumbre para el ciudadano sobre el deber del servidor público, pero tampoco el servidor público tiene claro qué hacer.

“Los protocolos que seguimos son inadecuados para la atención de cada caso, son lo mejor que se ha elaborado, son grandes avances en términos de definiciones de derechos, pero se necesita una herramienta concreta que guíe la acción de cada operador”, dijo.

Agregó que este instrumento está considerado el primero en su tipo a nivel nacional e involucra la acción de 28 instituciones y 108 áreas operativas, logrando impactar de manera directa o indirecta en el actuar de 15 mil 800 operadores de los 18 municipios.

El protocolo fue sometido a la votación de los integrantes del Consejo, y ahora el documento será sometido al análisis y sugerencias de los organismos ciudadanos para que lo avalen y pueda ser integrado como herramienta jurídica en los municipios y estado.

Explicó que “la intención del protocolo es homogeneizar el proceso aplicable a los operadores de atención a víctimas de violencia de género de todas las instituciones municipales y estatales que en una situación concreta tienen que ver con una persona en esta situación; se definen las acciones concretas de cada operador”.

Además, de cambiar las orientaciones por instrucciones particulares en cada actuación, es decir, que exista una acción inmediata para atender cada caso y evitar la pérdida de tiempo que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas.

Agregó que no se sustituye o modifican las funciones y obligaciones legales establecidas en leyes generales, estatales, normatividad e instrumentos inherentes a cada una de las instituciones participantes.

También habrá una revisión sistémica del protocolo de manera periódica, y las instituciones involucradas se comprometen a revisarlo al menos una vez al año, a fin de que el protocolo no se convierta en un obstáculo.

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