Por presentar sobredemanda de agua, Querétaro, al igual que otras partes del país padece un estrés hídrico muy importante que se tiene que atender, aseguró Antonio Azuela de la Cueva, especialista en urbanización desde la perspectiva de la sociología del derecho.
“Querétaro, como gran parte del país, tiene un problema de estrés hídrico que urge discutir en todas sus dimensiones. Tenemos que ver la relación entre agua y desarrollo urbano”, señaló.
Explicó que el agua que se consume es muy barata, motivo por el cual sugirió que el líquido debe entrar a un esquema de “ecuación financiera” para se pague a un costo real que permita compensar los costos del desarrollo urbano.
Comentó que se tiene que ver el costo del agua incluyendo el uso agrícola, ya que es el más subsidiado, y donde se está utilizando más agua, ya que “se tiene que hacer un balance para que no sólo las ciudades paguemos el agua que ocupamos, si no que también la agricultura se haga cargo del costo, el campo consume más de 75% del agua que se consume”, aseguró el especialista.
Al preguntarle sobre el tema de la privatización del agua, y los altos costos que algunos ciudadanos han referido sobre ello, Azuela de la Cueva indicó que se debe hacer una evaluación, independiente antes de llevar el tema a un “foro político”.
“Si llevamos esto a un tema político, nada más por sus prejuicios, vamos a seguir enredados en la misma situación. Necesitamos evaluaciones independientes, estudios de expertos autónomos independientes que nos ayuden en el momento de la política para darle fundamento a las decisiones”.
Sobre qué parámetro se tendrían que considerar para que se den tarifas justas al consumo del agua, explicó que se tiene que realizar un balance de justica y de eficiencia en el que se considere todo el ciclo del agua , que se verifiquen los impactos ambientales y que se tengan todos los elementos necesarios para que se tome una determinación sobre el costo final del agua.
Cabe señalar que algunos especialistas han señalado que el abasto de agua se vería comprometido para el año 2030; sin embargo, de no controlar el nivel de crecimiento que se está dando en el estado, la problemática podría adelantarse hasta cinco años, es decir, para el 2025.
