Se tipificó la violencia digital, sin embargo ha existido imposibilidad para que las víctimas inicien sus procesos o para que se les dé seguimiento, alertó la activista Mayra Alejandra Dávila Alvarado, de Defensoras Digitales Querétaro.

El organismo del que forma parte cuenta con 13 expedientes que ha intentado iniciar o que se le dé seguimiento, pero incluso en uno de los casos se recibió como respuesta que el personal estaba ocupado.

Argumentó que fue la semana pasada cuando se acudió a la fiscalía número 4, en la capital queretana, para tratar de denunciar la violencia digital de la que sufre una joven.

La respuesta que se recibió fue que el personal estaba ocupado con un detenido, y no se podría iniciar el acta.

Ese comportamiento pone en riesgo a la afectada, afirmó, pues además de que el agresor la amenaza con publicar material de contenido íntimo en las redes sociales, también tiene todos sus datos personales.

“Está en riesgo, porque tiene su cuenta [en redes sociales] su número telefónico, su domicilio, todo, y la están amenazando con difundir material íntimo”, dijo.

Sostuvo que otro caso al que no se le ha dado la atención debida es el correspondiente al feminicidio de Rosabelina, en Jalpan de Serra. La agresión inició como acoso digital y derivó en asesinato, cuando la afectada trató de dialogar con el agresor.

Argumentó que ese caso logró registrar avances luego de la movilización social que se realizó, y pese a eso, únicamente se detuvo a uno de los dos responsables.

“El juez dio cuatro meses para que pudiera hacerse la investigación, creemos que es muchísimo tiempo, porque la familia aportó todos los datos, habidos y por haber sobre el responsable del asesinato de Rosabelina”.

Estimó que faltó sociabilizar más la ley con quienes son los responsables de brindar justicia y que tal pareciera que más preocupó hacer de Querétaro el octavo estado en aprobarla que en realmente garantizar que existieran todos los elementos para que pudiera aplicar.

En este punto sostuvo que ni siquiera los responsables de recibir las denuncias se ponen de acuerdo respecto a cómo debe ser el procedimiento, esto derivado de que la Fiscalía General del Estado afirma que cuando se quiere presentar una denuncia, que esa debe ingresarse ante la Policía Cibernética, mientras que es la misma área la que argumenta que podrá actuar cuando se lo indique la fiscalía: “En la fiscalía no tienen voluntad para hacer absolutamente nada”, lamentó.

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