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Los primeros seis meses de la relación México-Estados Unidos han sido transitados de manera inteligente y sensata, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno estatal, Marco Antonio del Prete Tercero, quien subrayó que se ha buscado negociar desde un punto de vista constructivo.
El funcionario calificó como prudente y constructiva la manera en que México ha manejado la relación bilateral con Estados Unidos durante los primeros seis meses del nuevo gobierno de Donald Trump. Señaló que la decisión de evitar respuestas inmediatas a las medidas arancelarias permitió mantener el respeto a los acuerdos comerciales y proteger la estabilidad económica del país.
“México ha actuado con inteligencia y sensatez. Si hubiéramos respondido al instante con medidas similares, hoy estaríamos hablando de otra historia”, declaró. Destacó que la estrategia de diálogo ha dado resultados, al mantener vigente el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, evitando una escalada de tensiones.
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Del Prete mencionó que, a pesar de los retos, México sigue siendo respetado como socio comercial en el marco del T-MEC. No obstante, advirtió que el escenario podría cambiar hacia 2026, cuando se realice la revisión prevista de este tratado.
En ese sentido, consideró que la evolución del sistema judicial mexicano será un factor a observar, ya que podría influir en la percepción de certeza jurídica para los inversionistas internacionales.
“El T-MEC exige que los países garanticen condiciones para hacer negocios: certeza jurídica, competitividad y productividad”, recordó.
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Agregó que los cambios actuales generan incertidumbre y que será clave observar cómo las decisiones judiciales impactan en el entorno económico hacia la revisión del tratado.
Del Prete también cuestionó el nuevo arancel al acero mexicano anunciado por el gobierno estadounidense, al señalar que “no tiene lógica económica imponer un gravamen a un producto en el que Estados Unidos es superavitario”.
Según explicó, esta medida no protege a la industria norteamericana, sino que podría encarecer insumos clave en sectores como la construcción y la manufactura, afectando su propia competitividad.