Pin Parental viola derechos humanos, señala ONG

La iniciativa legislativa del Pin Parental es violatoria de derechos humanos y constitucionales que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, aseguró el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación.

La organización señaló que el Pin Parental no puede justificarse “por las costumbres de la gente”, debido a que es inconstitucional porque violenta los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“La iniciativa legislativa de Pin Parental no puede justificarse a través de la defensa de las ‘costumbres de la gente’. Debido a que es inconstitucional porque violenta el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Pues los adultos y adultas no pueden en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, violentar el principio del interés superior de la infancia, ni condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como lo es su derecho a la educación laica y científica que lucha contra la ignorancia y sus efectos; las servidumbres; los fanatismos y los prejuicios”.

En ese sentido, negarle a las infancias el derecho a recibir educación sexual, sería despojarlas de las herramientas que les pueden proteger del abuso sexual, el embarazo a temprana edad, el acoso escolar, la discriminación, la homofobia, entre otras situaciones que violentan los derechos constitucionales, fundamentados en los derechos humanos”, explicó .

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que agrupan el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico respondieron así a las declaraciones de la diputada Connie Herrera, presidenta de la mesa directiva de la 59 Legislatura del estado, luego de que manifestó que la iniciativa del Pin Parental se analizará y que la creación de las leyes obedece a las costumbres de la gente.

El frente antidiscriminatorio afirmó que en la mayoría de los casos, los usos y costumbres violentan los derechos humanos, debido a que continúan reproduciendo ciclos de violencia machista normalizada y transmitida de generación en generación, que de ninguna manera pueden estar por encima de los derechos humanos y constitucionales.

Reconocieron el trabajo de instituciones como las secretarías de Gobernación, Educación y de Salud, que instan a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus progenitores.