Sociedad

No hay despojo del exgobernador Francisco Domínguez

Aclara en una carta Doña Pita, propietaria del predio La Haciendita

No hay despojo del exgobernador Francisco Domínguez, aclara en una carta Doña Pita, propietaria del predio La Haciendita. FOTO. ESPECIAL
24/08/2026 |09:50
Redacción Querétaro
RedactorVer perfil

En días recientes, una integrante de la familia Urquiza difundió públicamente diversas afirmaciones sobre un conflicto por la propiedad del rancho El Salto.

Doña Pita a través de una carta y su equipo legal aclara que este problema tiene su origen en una disputa familiar y no en una operación promovida por terceros.

A través de su representación legal, explicó que el conflicto comenzó después de la muerte de su esposo, Agustín Urquiza Fernández de Jáuregui, quien la nombró única y universal heredera de sus bienes.

La controversia surgió cuando Agustín N., hijo del matrimonio y entonces albacea de la sucesión, donó El Salto a su hija Pamela N. y a su hermano Julián N. sin su autorización.

De acuerdo con los abogados de doña Pita, el entonces albacea excedió sus atribuciones al utilizar, para esa donación, un instrumento carente de validez.

"Su obligación como albacea era administrar y proteger los bienes en favor de la heredera universal, no disponer de ellos", señaló el equipo jurídico.

Ante esta situación, doña Pita acudió a las autoridades para impugnar la donación y reclamar el patrimonio que es parte de la herencia.

El caso derivó en un juicio civil y en investigaciones penales que todavía no han concluido.

El amparo no determina la propiedad del predio

En medios de comunicación y redes sociales se ha difundido la versión de que el amparo concedido a Pamela N. y Julián N. habría ratificado la legalidad de la donación de El Salto.

La representación legal de doña Pita aclaró que dicha resolución únicamente repuso un acto dentro del procedimiento penal seguido en contra de ambos.

El amparo no declaró válida la donación ni resolvió quién tiene derecho sobre el predio.

La validez de esa operación será determinada en el juicio civil que continúa en curso.

Los abogados consideraron que presentar el amparo como una resolución definitiva sobre la propiedad de El Salto constituye una lectura equivocada de sus alcances y puede generar confusión entre la opinión pública.

El Salto y La Haciendita son propiedades distintas

Doña Pita y su equipo legal señalaron que en la discusión pública se han mezclado dos inmuebles con antecedentes y situaciones jurídicas diferentes:

– El Salto es el predio cuya donación se encuentra impugnada y forma parte del conflicto.

– La Haciendita fue adquirida directamente por doña Pita años antes del fallecimiento de su esposo, por lo que no forma parte de la sucesión ni es el inmueble cuya donación se discute ante los tribunales.

Respecto del fideicomiso mencionado en publicaciones periodísticas y redes sociales, precisaron que este corresponde exclusivamente a La Haciendita.

Descartaron que ese instrumento otorgue a terceros derechos de propiedad o beneficios sobre El Salto, o que convierta a los beneficiarios del fideicomiso en responsables de las denuncias promovidas dentro del conflicto que, reiteraron, surgió en el ámbito familiar.

Doña Pita acudió a los tribunales por voluntad propia

Frente a las afirmaciones de que habría sido manipulada para iniciar los procedimientos legales, doña Pita sostuvo que actuó por decisión propia y en defensa de su patrimonio.

Consideró irresponsable atribuir a personas ajenas a su familia las denuncias y acciones judiciales que ella misma promovió.

El resto de la familia ha acompañado a doña Pita en estos procesos, al considerar injusta la forma en que dos de sus hijos y su nieta pretendieron disponer del patrimonio familiar.

Reiteró que su reclamo busca hacer respetar la voluntad de su esposo y los derechos que le corresponden como heredera universal.

Finalmente, su equipo jurídico informó que no difundirá los expedientes ni las actuaciones que se desahogan ante las autoridades, debido a que su exposición pública podría afectar el debido proceso.

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