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El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) actúa con revanchismo, pues planea no entregar constancias que acreditan a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas que participaron en la toma de la sede del instituto en Querétaro, en marzo pasado, afirmó María Guadalupe Camacho, representante de comunidades indígenas del municipio de Ezequiel Montes.
El INPI, a raíz de la toma del instituto en Querétaro, ha llevado la contraria a las comunidades. Recientemente se enteraron que la dependencia acudirá a entregar las constancias de comunidades indígenas, pero violando la autonomía municipal, pues las constancias las entregarán a las autoridades auxiliares y no a las comunitarias o tradicionales al interior de los municipios.
“Estas autoridades comunitarias son electas a través de asambleas, a través usos y costumbres, no como las autoridades auxiliares, sino como autoridades que nacen de forma natural de las comunidades. Una autoridad auxiliar es aquella que emana de la administración del municipio… No emanan de la autonomía comunitaria, de lo que nos habla la reforma indígena”, explicó. Agregó que las autoridades auxiliares obedecen a las autoridades municipales.
Recordó que en enero y febrero, en Ezequiel Montes, se hizo la elección de autoridades comunitarias, al igual que en Cadereyta de Montes, donde se ratifica y se elige a las nuevas autoridades comunitarias. Pero el INPI les señala que crearon una segunda figura, lo que es incorrecto, pues es reconocer a la autoridad neutra y nata y que no esté influenciada por ninguna autoridad gubernamental. En febrero mismo, las autoridades municipales reconocieron a esas autoridades comunitarias, pese a que no era necesario, de acuerdo a las leyes federales.
“Ahora, el INPI, nuevamente, más allá de que venga y les entregue las constancias a las autoridades auxiliares, es evidente y clara la violación que el instituto está haciendo, al no reconocer las reglas internas y los usos y costumbres internos del municipio. La violación es demasiado grande, porque el INPI se tiene que sujetar a lo que internamente los pueblos decidan”, recalcó.
Subrayó que esta situación es preocupante porque el INPI sentaría un precedente de que no va a respetar lo que al interior de las comunidades indígenas se decida, lo que sería una violación a la autonomía de los mismos pueblos.
En las comunidades perciben esta decisión —de entregar las constancias de pueblos y comunidades indígenas a las autoridades auxiliares y no a las electas por los pobladores—, como una revancha por parte de la delegada del INPI, María del Carmen Álvarez Juárez.
