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En el estado de Querétaro hay casi medio millón de personas que perciben sus ingresos mediante un empleo que se encuentra en la informalidad económica, además de que también se tienen contabilizadas a 25 mil personas que trabajan pero no cuentan con remuneración.
Lo anterior se desprende de datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
El estudio del Inegi dice que hubo 1.2 millones de personas en la entidad en alguna actividad laboral. La población desocupada sumó 30 mil personas. Esta cantidad representó una tasa de desocupación de 2.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA).
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La suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal en el estado fue de 497 mil.
La ocupación informal alcanzó 228 mil personas en cuanto a mujeres queretanas; en los hombres fue de 269 mil.

Para el Inegi, la población ocupada en la informalidad laboral contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Incluye—además de la población que trabaja en micronegocios no registrados, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social.
El Inegi contabilizó en Querétaro a 25 mil personas que trabajaron sin remuneración, esto es, 3 mil personas más, frente a lo que se registró en el mismo periodo de 2024.
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Contratación más flexible.
La informalidad, según Fernando Bermúdez Pire, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup, es un fenómeno que no solo representa un desafío económico, sino que también limita el desarrollo laboral de millones.
Dijo que cerca de la mitad de la fuerza laboral mexicana carece de prestaciones y seguridad social, lo que obstaculiza el avance del país, al mantener a trabajadores en una situación vulnerable, sin acceso a prestaciones, ahorro para el retiro ni estabilidad.
Por ello, es imperativo implementar mecanismos de contratación formal más flexibles y políticas de formalización laboral que se ajusten a la realidad actual del mercado laboral.
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