Querétaro encabezó la lista nacional de estados con mayor porcentaje de resoluciones que obligaron a las autoridades a responder solicitudes de información pública, con el 38%, de acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El censo del Inegi analiza el total de solicitudes de información que no fueron respondidas de manera satisfactoria por parte de los sujetos obligados, es decir, gobiernos e instituciones obligadas a transparentar información, y que fueron resueltos a través de recursos de revisión. Estos mecanismos se interponen ante la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infoqro).
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Infoqro ordenó en el 38% de los casos de recursos de revisión, que los gobiernos o instituciones otorgaran la información que las personas solicitaron. Se trata del porcentaje más alto de determinaciones a favor de quienes pidieron información, de entre todos los organismos de este tipo en el país.
El censo de la dependencia estadística contempla los datos de 2024, aunque apenas fue publicado y detalló que en Querétaro se recibieron 288 recursos de revisión por parte de Infoqro. De ese total fue que en el 38% de los casos, se determinó ordenar la disposición de la información solicitada, mientras que en el 31%, se declaró el sobreseimiento, es decir, se dio por terminado el proceso.
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En el 27% de los casos se desechó el recurso de revisión, mientras que sólo en el 2.8% de los casos en los que quienes pidieron información a instituciones o autoridades manifestaron inconformidad, se ratificó la decisión de no otorgarla o de mantener lo que se otorgó.
La información del instituto de estadística también detalló que para el año de referencia, en Querétaro se identificaron 125 sujetos obligados de brindar información pública a la ciudadanía, entre los que se encuentran el gobierno estatal, los 18 municipios, la Legislatura del estado y entidades y funcionarios que reciben recursos públicos.