La fundadora de Adax Digitales, Mayra Alejandra Dávila Alvarado, expresó que el caso de Esmeralda —la menor de Huimilpan criminalizada por aborto espontáneo— dejó como precedente la sanción administrativa contra funcionarios de la Fiscalía estatal que incurrieron en omisiones graves durante el proceso.
Aunque reconoció dicho avance, subrayó que la reparación del daño sigue incompleta y que el problema de fondo persiste mientras el aborto siga tipificado como delito en el Código Penal local.
Dávila Alvarado recordó que la recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro obligó a revisar el actuar de la Fiscalía y como resultado se sancionó al menos a dos funcionarios responsables directos de las irregularidades y se suspendió a un tercero. “Lo primero que hubo fue justamente la desincorporación de estos funcionarios. Tenemos el registro de tres sancionados, entre ellos el encargado del peritaje patológico, que fue determinante en la criminalización de la niña”, señaló.
La activista recalcó que dichas sanciones prueban que hubo negligencias en la investigación, desde la falta de revisión de peritajes hasta omisiones en la asesoría jurídica pública que debía garantizar la defensa adecuada de la menor. “Se comprobó que no cumplieron con sus funciones, y eso fue lo que derivó en la recomendación. No podemos olvidar que esas fallas institucionales casi llevan a una niña a la cárcel”, afirmó.
En cuanto a la reparación integral del daño, explicó que Esmeralda ya no vive en Huimilpan y que fue reubicada en Querétaro capital, donde se reincorporó a la escuela gracias a gestiones directas de la organización. “Fuimos nosotras quienes conseguimos su ingreso y cubrimos los trámites para que no le cobraran cuotas ni uniformes. Eso no lo hizo el Estado, lo hicimos desde Adax Digitales”, subrayó.
Uno de los pendientes es el apoyo en materia de vivienda; para ello, el gobierno estatal, por medio de su dependencia de infraestructura y vivienda, debe entregar un inmueble en especie valuado en alrededor de un millón y medio de pesos; sin embargo, el proceso sigue detenido en trámites administrativos.