Gobierno federal denuncia presunto uso irregular de agua en Querétaro

El Gobierno federal exhibió en la Mañanera del Pueblo un presunto esquema de uso irregular de agua en Querétaro, al señalar que la familia Calzada habría utilizado concesiones agrícolas —que no pagan derechos— para la venta de agua en pipas y el abastecimiento de desarrollos inmobiliarios.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que en la entidad dicha familia concentra 628 mil metros cúbicos de agua a través de cinco títulos de concesión en uno de los acuíferos más deficitarios del país.

“Son títulos de uso agrícola que no generan ningún tipo de cobro, porque están bajo el supuesto que son para generar alimentos y cambian de uso”, explicó.

De acuerdo con la exposición, tras una revisión en el marco de la nueva legislación, se detectó que los pozos concesionados para uso agrícola y pecuario eran utilizados para la comercialización de agua en pipas, así como para abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo con amplias áreas verdes y actividades recreativas.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abundó en el caso al señalar que estas concesiones permitían el uso gratuito del recurso bajo el argumento de producción alimentaria, pero en la práctica se destinaban a fines lucrativos.

“La Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua, pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial (…) o para vender agua en pipas a quienes no tienen”, afirmó.

En ese contexto, también se exhibió el posicionamiento del diputado federal priista por Querétaro, Mario Calzada Mercado —exalcalde de El Marqués y primo del exgobernador José Calzada Rovirosa—, quien votó en contra de la reforma. “México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia, una ley que garantice agua para vivir, no para especular”, expresó en tribuna.

Al respecto, Morales López indicó que, con la nueva ley, estas prácticas serán sancionadas con mayores facultades para la autoridad, incluyendo la clausura de pozos, la extinción de concesiones y multas de hasta 3.5 millones de pesos.

La titular del Ejecutivo federal informó que, en este caso, las concesiones ya fueron retiradas y que las instalaciones han sido clausuradas en dos ocasiones, aunque los involucrados promovieron amparos. “Ahora sí se puede sancionar de fondo este tipo de abusos”, sostuvo.

Finalmente, Morales López subrayó que la reforma elimina la transmisión de derechos entre particulares, los cambios de uso sin control y el acaparamiento del recurso, con el objetivo de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y evitar su explotación con fines de lucro.