El gobierno del estado de Querétaro aceptó una recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El gobernador Francisco Domínguez Servién designó al secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, como enlace para atender el tema.
Su responsabilidad implica realizar las peticiones que solicita el organismo y abrir a la brevedad una carpeta de investigación por si algún servidor público resulta con alguna responsabilidad penal por este caso.
La recomendación de la CNDH se da tras una acusación que hace una mujer, quien en su proceso de parto asegura fue víctima de acciones y omisiones en su atención médica atribuibles al personal del Hospital General de San Juan del Río, lo que también derivó en el fallecimiento de su recién nacido.
La víctima acusó que el personal médico no le atendió oportunamente en su labor de parto. Aseguró que después de mucho esperar la atención médica, su hijo nació vivo, pues escuchó su llanto; además, el hermano de la mujer lo vio en el cunero. Sin embargo, horas después del parto un pediatra le informó que el niño nació muerto.
De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo nacional, el gobierno estatal deberá cubrir la reparación integral del daño ocasionado a la mujer, con una compensación económica, tomando en cuenta la violación sufrida a sus derechos humanos e inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para los beneficios correspondientes, además de que deberá recibir la asistencia, apoyo y colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del orden federal.
La CNDH también dijo que se tienen que realizar las adecuación legales necesarias en materias de derechos humanos, por lo que le solicitó presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro, para que incluya a las personas que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Ante ese llamado, el gobernador también instruyó a que esta semana se presente un proyecto de ley ante la 59 Legislatura para armonizar la legislación general y se informe de inmediato a la CNDH.
Lo anterior, en concordancia con la política transversal que encabeza e impulsa el gobernador, en cuanto a dar cumplimiento pleno de los Derechos Humanos de las personas, además de ser totalmente respetuosos y acatar puntualmente las decisiones de las instituciones, informó el gobierno estatal.
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