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Durante la entrega del octavo informe de actividades ante la Legislatura local, el fiscal especializado en combate a la corrupción, Benjamín Vargas Salazar, informó que en el último año se integraron 458 carpetas de investigación, que representa una disminución de 9.3% respecto al año anterior.
Los delitos más frecuentes fueron abuso de autoridad, cohecho, abandono del servicio público, coalición de servidores públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se judicializaron 45 casos, y siete personas fueron sentenciadas.
“Desde que la Fiscalía entró en funciones se ha procurado que el culpable no quede impune. Algunas de las personas sentenciadas ocupaban la esfera más alta en la jerarquía municipal, como en Colón, Corregidora y Pinal de Amoles, hasta llegar a directivos. Esto es inédito”, subrayó el funcionario.
Sobre el caso de becas en el municipio de Querétaro, precisó que se está en proceso de recuperar 13 millones de pesos, aunque la persona implicada interpuso un amparo. “En próximas fechas estaremos judicializando otra carpeta que también tiene que ver con becas”, añadió.
Pese a estos avances, el monto recuperado en 2024 representa menos 36% respecto a los 109 millones del año previo. No obstante, el fiscal destacó que, en los ocho años de operación de esta instancia, se han logrado 209 millones de pesos en recuperación y 71 personas sentenciadas penalmente por corrupción.
Por otro lado, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Juan Pablo Rangel Contreras, reveló que las infracciones y sanciones emitidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) representan más de 50% de las demandas de nulidad presentadas ante esa instancia.
“Efectivamente, en esas dos instituciones se concentran más del 50% de las demandas que se presentan en el tribunal”, afirmó. En 2024, se recibieron 45 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales se emitieron 23 resoluciones y seis sanciones. Debido a que no son casos con sentencia firme, no se brindaron más detalles.
Rangel Contreras explicó que los periodos de cierre e inicio de administraciones suelen reflejar menos actividad, pero se espera un repunte hacia el cierre de 2025: “Será hasta que concluya el año cuando se tenga el mayor número, derivado de los procesos en los municipios”.
Finalmente, subrayó que el 88% de las resoluciones del tribunal que son impugnadas resultan confirmadas, lo cual refleja, dijo, “la solidez de su labor. “Tenemos grandes funciones, como atender las demandas de particulares en contra de los actos de autoridad que, así consideren, hayan sido violentados o sean objeto de inconformidad”.
