Entre cuestionamientos, propuestas y manifestaciones, se llevó a cabo la audiencia pública ciudadana sobre el proyecto Sistema “El Batán”, que solicitaron colectivos y organizaciones sociales al Gobierno del Estado.
Los representantes de las organizaciones hicieron entrega de peticiones y propuestas a las autoridades estatales, y éstas a su vez, se comprometieron a analizarlas.
En su intervención, Mar Marín, del colectivo Netas Ciudadanas, cuestionó la ausencia del gobernador Mauricio Kuri y refirió que hoy se pone en duda la viabilidad, legitimidad y pertinencia de esta iniciativa de ley.
“En nuestro análisis la iniciativa Sistema El Batán, genera temor por sus riesgos a la salud, genera dudas por la prisa por la que se quiere aprobar y la propaganda de miedo que la acompaña”, señaló.
Presentó la petición formal de hacer un plan integral comparativo y prospectivo sobre el proyecto, para lo cual esperan una respuesta en un plazo de 30 días, como marca la Ley de Participación Ciudadana.
Francisco Landa, del colectivo Awuita, vida y territorio, señaló que el proyecto tiene un altísimo sobrecosto, porque si bien, el gobierno no adquirirá deuda, sí terciariaza la deuda con el privado.
“El privado aportaría solo 2 mil millones de pesos de capital propio, para completar la inversión contrataría un crédito por más de 9 mil millones, y pretendería que el estado le pagara al privado, para que éste le pagara al banco”, refirió.
Señaló que el proyecto no dice qué hará el estado si la empresa privada falla. “En este modelo, el privado arriesga poco y gana mucho, el estado, arriesgamos todo, el abasto del agua y la salud pública”, advirtió. Cuestionó que se compare a Querétaro con otros países para justificar el proyecto.
Daniela Urbiola, del colectivo Justicia Digna, mencionó que el proyecto tampoco es la opción más eficiente, pues más de la mitad del agua se pierde en fugas y el proyecto estima atender solo el 1% por año.
“Nos oponemos a una iniciativa, que es más bien una obra faraónica o de relumbrón, que una solución democrática. Se presenta como una panacea, pero no ha demostrado considerar alternativas eficaces, como reducir, fugas, disminuir el consumo industrial, dignificar el campo y captar agua de lluvia, afirmó.
Señaló que este proyecto no es una solución democrática, porque evade el control social, además de que garantiza a un privado ganancias millonarias a costa de nuestro derecho al agua.
En su oportunidad, Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo del Comisión Estatal del Agua (CEA), reconoció que las fugas, no son un tema sencillo, es un área que se tiene que trabajar y se está trabajando.
“Mucha gente considera que la pérdida del 41% es por tema de fugas, tenemos otros factores, sobre todo el tema de clandestinaje y mala medición, que junto con las fugas generan esos porcentajes”, aclaró.
Informó que durante los primeros siete meses del año, se logró reparar el 92% de las fugas en menos de 24 horas, y con ello se tuvo un ahorro de menos de 2 mil millones de litros de agua.
También defendió la democratización del proyecto, pues recordó que la decisión está en manos del Poder Legislativo que está compuesto por legisladores que fueron electos democráticamente.
Antonio Rangel Méndez, secretario de Planeación y Participación Ciudadana, quien fungió como moderador, destacó este ejercicio de diálogo entre ciudadanía y autoridades.
Arturo Cevallos Molina, líder del proyecto Sistema El Batán, puntualizó que la parte técnica del proyecto no está terminada, y dejó claro, que sí se contemplan caracterizaciones y pruebas piloto. Dijo que no existe una norma de reuso, y eso abre una gran oportunidad como sociedad para trabajar de manera paralela, gobierno y ciudadanía.
Lucero Durán Arias, secretaría técnica de la Secretaría de Finanzas, explicó que la asociación público privada se ha realizado en todo el país, y está regulada a través de la Ley de Diciplina Financiera.
“Hacer un proyecto de asociación público privada no es una situación sencilla, requiere de evaluaciones, estudios, tiene normas más complejas que se tienen que regular a un proyecto normal”, dijo.
Afirmó que en su momento, se analizaron todas las alternativas para financiar este proyecto, y se descartó la contratación de una deuda.
Ricardo Javier Torres Hernández, subsecretario del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; se comprometió a trabajar en un diagnóstico de la situación hídrica del estado, y coincidió que la prueba piloto es básico y deseable para el proyecto. Refirió que se contempla un laboratorio de contaminantes emergentes dentro del proceso del proyecto.