El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete Tercero, informó que en Querétaro se han identificado cerca de 200 personas dedicadas a la actividad minera, principalmente en municipios de la Sierra Gorda y otras regiones del estado, con quienes se trabaja para que transiten hacia actividades productivas distintas a la extracción de minerales.
Explicó que, si bien la reserva de la biosfera es un área natural protegida donde, en principio, no está permitida la explotación minera, hay casos en los que esta actividad se desarrolla de manera legal debido a que los concesionarios contaban con permisos federales antes del decreto que estableció la protección de la zona.
Dichos derechos adquiridos, precisó, permiten que los mineros continúen con su labor hasta que sus autorizaciones expiren, siempre y cuando la Federación no les renueve el permiso.
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La actividad minera en Querétaro se concentra principalmente en municipios como Peñamiller, San Joaquín, Bernal, Peña de Bernal y Ezequiel Montes. Sin embargo, el funcionario recalcó que la autorización para instalar o explotar minas, así como su regulación y supervisión, corresponde exclusivamente al gobierno federal, a través de sus instancias competentes.
Señaló que la administración estatal ha buscado incidir en la vida laboral de los mineros, incentivando su migración hacia actividades productivas no vinculadas a la minería. Entre las opciones impulsadas, mencionó la carpintería, la herrería, la gastronomía y el comercio de distintos productos, con el objetivo de garantizar un ingreso legal y sostenible para las familias.
El secretario subrayó que, aunque se promueve la reconversión, el gobierno estatal no puede retirar una fuente de ingreso a quienes cuentan con un permiso federal vigente. “Entendemos que tienen derecho a un ingreso; lo que no queremos es que dependan únicamente de una actividad extractiva, sobre todo en zonas ambientalmente sensibles”, dijo.
Respecto a la presencia de minería dentro de la reserva de la biosfera, aclaró que, si la actividad inició antes de que se emitiera el decreto federal de protección, esta se considera dentro del impacto ambiental previsto para el área y no incurre en ilegalidad. Lo que no está permitido, precisó, es que después de decretada un área natural protegida se generen nuevas actividades extractivas.
Sobre la colaboración con autoridades federales, destacó que existe un trabajo permanente con dependencias como la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dirección de la reserva de la biosfera y otras instituciones.