El gobierno estatal presentó un comparativo de los indicadores de pobreza y pobreza extrema, destacando que el estado de Querétaro mantiene cifras considerablemente inferiores al promedio nacional.
Según los datos presentados, por el titular de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, el indicador de pobreza a nivel nacional equivale al 29.6% de la población, mientras que en Querétaro la cifra es de 16.3%. Respecto a la pobreza extrema, el porcentaje nacional es de 5.3%, en contraste con el 1.1% registrado en el estado.
Nava informó que, en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, Querétaro mostró una mayor eficacia en la reducción de los indicadores de pobreza. A nivel nacional, la población en situación de pobreza disminuyó 17% entre 2022 y 2024. En contraste, Querétaro registró una disminución del 23%.
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Por otra parte la reducción nacional de la población en pobreza extrema fue del 22%. En la entidad queretana, la reducción alcanzó el 34%.
El funcionario señaló que el diferencial en los resultados se atribuye a las políticas y programas impulsados por la administración del gobernador Mauricio Kuri, ubicando al estado entre el cuarto y el quinto lugar a nivel nacional en diversos indicadores de desarrollo social.
“Hoy podemos decir con orgullo que más de 150 mil personas han sido beneficiadas directamente a través de los distintos programas y acciones que implementamos desde la Secretaría de Desarrollo Social”, señaló Luis Nava.
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Por otra parte, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, compartió los resultados que mediante los distintos esquemas de intermediación laboral que opera la dependencia han logrado colocar a más de 50 mil personas en una fuente de empleo formal, a través del Programa Estatal de Empleo.
En la gestión del gobernador se han creado ocho programas; además, el 100% del financiamiento de estos es con recurso estatal, explicó.
Los datos se dieron en un reunión encabezada por el gobernador Mauricio Kuri, donde se presentaron los avances en materia de políticas sociales durante los cuatro años de su administración estatal.