En rueda de prensa, Mauricio Castillo Ortiz, líder del sindicato CTC Bajío reconoció que, bajo su representación, trabajadores de la empresa KIM TECK colocaron este fin de semana una manta en el cruce Bernardo Quintana y Calzada de Los Arcos, donde señalaban al líder de la CATEM, Erik Osornio Medina, de cobrar cuotas de manera ilegal, por lo que señaló que esta semana se presentará una denuncia.

“Sí fuimos nosotros quienes colocamos la lona. Los trabajadores nos pidieron visibilizar el abuso, y no vamos a escondernos. Lo que es lamentable es que el gobierno lo minimice en lugar de investigar las irregularidades que presentamos con pruebas”, dijo.

Los representantes del CTC exhibieron documentos y recibos de nómina que supuestamente prueban que CATEM descontó semanalmente cuotas sindicales por 40 pesos a unos 200 trabajadores durante más de un año sin contar con la constancia de representatividad que exige la Ley Federal del Trabajo.

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Además señalaron que la Secretaría del Trabajo ha sido omisa, pese a que ya fueron notificadas tanto las autoridades estatales como la Fiscalía sobre los hechos.

“La autoridad estatal está informada, pero ha optado por guardar silencio. Lo que es lamentable es que el gobierno minimice la situación en lugar de investigar las irregularidades que estamos presentando con pruebas”.

El conflicto sindical tuvo un punto de quiebre cuando, tras una votación organizada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el CTC obtuvo la mayoría de apoyo entre los trabajadores de KIM TECK; pero desde entonces ha habido despidos, amenazas y campañas de desprestigio impulsadas por la CATEM.

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También señalaron que en la empresa persiste la subcontratación, pese a tener prohibidos, y que parte de la nómina se dispersa desde empresas ajenas e incluso desde el mismo sindicato CATEM, lo que sería evasión fiscal.

“Ya se presentó denuncia ante Fiscalía, y la Secretaría del Trabajo lo sabe. Queremos dejar claro que esto no se trata de política, sino de justicia laboral”, dijo su representante legal. El sindicato concluyó la conferencia exigiendo la devolución del dinero a los trabajadores y pidió que el gobierno actúe con imparcialidad, ya que la evidencia desmiente el discurso oficial.

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