Colectivos ciudadanos de movilidad iniciaron la recolección de firmas para solicitar una audiencia pública sobre seguridad vial, movilidad sostenible y obra pública al alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.
Afirmaron que los traslados seguros, eficientes y en condición de equidad para los ciudadanos no son sólo un asunto de la Secretaría de Movilidad, sino que “debe ser una visión municipal transversal”. Por medio de un comunicado, advirtieron que existe una crisis estructural de movilidad urbana marcada por omisiones, negligencia institucional y muertes evitables en la vía pública.
Por ello, iniciaron la solicitud de una audiencia pública con el edil capitalino, “para exigir rendición de cuentas y acciones concretas”.
Te podría interesar: Querétaro “queda a deber” en movilidad
Foto. Archivo El Universal
¿Qué es una audiencia pública?
Una audiencia pública es un mecanismo oficial reconocido en el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio, que permite a la población dialogar directamente con las autoridades. Se requieren 50 firmas de personas con credencial vigente y domicilio en el municipio para activar un proceso que obligue al gobierno a escuchar, responder y dar seguimiento por escrito en un plazo no mayor a 30 días.
Consideran que hay “una crisis estructural de movilidad, donde las omisiones del municipio han generado entornos inseguros, infraestructura deficiente y una planeación urbana orientada al automóvil.
“A pesar de las constantes propuestas ciudadanas [oficios, reportes, mapeos participativos y ejercicios institucionales], las autoridades han ignorado las demandas y alternativas presentadas”, señalaron.
Lee también: Poder Judicial: necesario, actualizar los reglamentos de tránsito
Foto: Mitzi Olvera
Entre los principales problemas, mencionaron obras sin cumplimiento de las normas sobre movilidad segura; además de la falta de coordinación entre secretarías municipales, e infraestructura deficiente. También señalaron asignación presupuestal inequitativa que privilegia al automóvil particular; así como la ausencia de una visión transversal y de derechos humanos en la política de movilidad.
