En un hecho sin precedentes para la justicia mexicana, la representante legal del colectivo Adax Digitales, Mayra Dávila Alvarado, anunció este miércoles en rueda de prensa la extradición de un ciudadano uruguayo acusado de violencia digital, en lo que calificó como un "logro histórico" en la lucha contra la violencia de género en entornos digitales.
El caso, que comenzó en 2021, se refiere a una denuncia presentada por una integrante del colectivo, quien interpuso una carpeta de investigación por acoso sexual en modalidad digital, delito tipificado en los artículos 167 y 168 del Código Penal del estado de Querétaro.
Según relató Dávila Alvarado, el imputado, expareja de la víctima y de nacionalidad uruguaya, fue advertido en repetidas ocasiones por el colectivo ante la fiscalía como un riesgo de fuga. A pesar de estas advertencias, el agresor abandonó el país días antes de una audiencia clave en 2022. El caso parecía destinado al archivo cuando se decretó el no ejercicio de la acción penal, argumentando falta de localización del imputado.
"Nosotras siempre insistimos en que estaba en Uruguay. Hasta dejó una carta diciendo que se iba", denunció la abogada, quien además reveló que, por su insistencia en el caso, fue objeto de una carpeta de investigación en su contra, misma que fue cerrada el año pasado por falta de pruebas.
No fue sino hasta diciembre de 2024, tras un encuentro con el nuevo fiscal del estado, Víctor de Jesús Hernández, que la fiscalía dio un giro en su actuación; tras escuchar a la víctima y al colectivo, se solicitó la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la intervención de Interpol. El resultado: el 10 de enero de 2025, el acusado fue detenido en Montevideo, Uruguay, gracias a una alerta roja internacional.
El imputado fue extraditado y llegó a Querétaro el pasado 7 de mayo; el día de hoy, a las 15:00 horas, se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial en la que se decidirá si será vinculado a proceso y bajo qué condiciones enfrentará el juicio.
Actualmente, el agresor se encuentra en prisión preventiva justificada, decisión tomada por el juez con base en el riesgo de fuga demostrado previamente y en amenazas previas realizadas contra la víctima, entre ellas haber presumido vínculos con personas peligrosas en Guanajuato.
"Hoy queremos decirle al juez que este trabajo jurídico debe reflejarse en una vinculación a proceso y que esta persona se mantenga en prisión durante la investigación complementaria", afirmó Dávila Alvarado, subrayando la gravedad de permitir que el imputado pueda evadir nuevamente la justicia.
Este caso representa la primera extradición en México por un delito relacionado con violencia digital, un precedente que, de acuerdo con Adax Digitales, marca un hito en la aplicación de la llamada Ley Olimpia, impulsada en Querétaro desde 2019 por el propio colectivo.