Van alrededor de 10 casos los denunciados tras aprobarse la Ley Olimpia, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa.
Precisó que en los casos se denunció la extracción de imágenes de dispositivos electrónicos, mismas que luego se difundieron en redes sociales; acciones realizadas sin la autorización de la dueña de dichas imágenes. Aclaró que en todos los casos las personas involucradas eran mayores de edad.
Añadió que desconoce cuántos de los procesos concluyeron y cuántos siguen en curso; pero, aseguró, sí se llegaron a imponer sanciones en contra de las personas responsables.
“Están en proceso. No te se decir si terminó con una suspensión, con un abreviado o si siguen en juicio, pero sí hemos tenido casos. Pocos, pero sí los hemos tenido (...) A lo mucho serán unos 10, algunos concluidos, algunos activos”, comentó.
Destacó que los juicios que ya concluyeron sí generaron una sanción para la persona responsable del delito digital.
Señaló que durante su labor como magistrada de la Sala Penal, le correspondió atender dos de los procesos.
“Alrededor de 10 [casos se han atendido]. Incluso yo, como magistrada de la Sala Penal, tuve dos relacionados con temas digitales (…) Me tocaron en la Sala [Penal].
Uno fue sobre vinculación a proceso, yo creo que ya por estas fechas debe estarse llevando el juicio, si no es que ya se realizó”, expuso.
Ponce Villa comentó que en uno de los expedientes que analizó, la revelación de secreto que se cometió le dejó ver la necesidad de tener juzgados con perspectiva de género.
Explicó que en los casos que mencionó se cometió esa extracción de información, que luego fue difundida, pero como Querétaro ya tiene legislación para combatir los delitos digitales, resulta importante que la ciudadanía conozca las instancias a las que debe recurrir.
“Cuando se inicia un procedimiento penal, no se puede poner de inmediato una sanción, se tiene que investigar primero, reunir datos que fortalezcan el dicho de las víctimas, dictámenes periciales, investigaciones, etcétera. Cuando los fiscales están ciertos de que eso es un hecho delictivo, hay un probable responsable identificado y tienen elementos probatorios, es cuando acuden con los jueces, ahí se inicia el proceso. Para llegar de ahí a sentencia, tenemos, en promedio, de la vinculación al juicio, seis meses, cuando hay interposición de apelaciones o de amparos”, expresó.
