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La capital queretana fue escenario de un fuerte operativo de seguridad la tarde del 30 de julio, luego de que elementos de la Policía Estatal (PoEs) revisaran a los escoltas del director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar, Guanajuato, Diego Estefanía.
El despliegue ocurrió sobre Avenida Zaragoza, una de las principales vialidades de la ciudad, lo que generó expectación entre automovilistas y transeúntes. Fue el propio funcionario quien confirmó ese día en redes sociales que sus elementos de seguridad fueron inspeccionados.
“Muy amables los PoEs de Querétaro que revisaron a mi escolta, al personal que traía y nada más, pero un servidor anda afuera”, escribió Estefanía. Aunque aseguró que la intervención se dio con respeto, hasta el momento no se ha precisado si el personal de seguridad contaba con la documentación y permisos correspondientes para la portación de armas en territorio queretano.
Fue la Policía Estatal de Querétaro al encargada de detener a estos ocho supuestos escoltas por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, quienes posteriormente fueron vinculadas a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos —Ángel “N”, Juan “N”, Edgar “N”, Damián “N”, Víctor “N”, Christian “N”, Jesús “N” y Francisco “N”— circulaban en dos vehículos en inmediaciones de la colonia El Prado, en la capital queretana, con armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Tras el juicio abreviado, un juez federal dictó sentencia de tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 66 días, contra Edgar “N”, Christian “N”, Juan “N”, Damián “N” y Jesús “N”. En tanto, Ángel “N”, Víctor “N” y Francisco “N” recibieron una condena de cuatro años de prisión y una multa de 74 días, por portación de armas y posesión de cartuchos exclusivos del Ejército.
Las armas aseguradas quedaron bajo resguardo de la FGR y los sentenciados fueron ingresados al sistema penitenciario federal.
