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La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) investiga tres casos por presunta tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Readaptación Social (Cereso), informó Roxana Ávalos, presidenta del organismo.
De comprobarse que efectivamente existió un acto de tortura, se analizaría quién fue la persona responsable para interponerle una sanción.
Explicó que durante el año 2020 la DDHQ recibió 83 quejas de tortura desde los centros penitenciarios, mientras que, en el 2021, lleva 62.
Detalló que llega a ocurrir que las Personas Privadas de su Libertad (PPL) desconocen que sus familiares presentaron una queja ante la defensoría, incluso se llega a registrar que cuando la DDHQ tiene contacto con la PPL ésta solicita que no se continúe con la queja.
Aún con desistimiento, la defensoría está obligada a investigar si es que existe tortura y para analizar si hubo o no un acto de tortura se utiliza como base el Protocolo de Estambul.
“La DDHQ actúa tanto por queja como por oficio. Por oficio también actúa cuando a través de las noticias se informa de una supuesta vulneración a derechos”, destacó.
Expuso que en los Ceresos debe existir equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos de los internos.
De las quejas que se registraron ante la defensoría en el 2020, 52 ya concluyeron, en 17 quejas se generó un desistimiento, en 24 se determinó que no existió vulneración de derechos humanos, y en 11 se resolvieron durante el trámite.
“A veces el PPL no sabe ni de qué le hablan, la familia se queja y el PPL no, y eso es frecuente. Él determina sí, no, o lo que sea. Si estuviéramos hablando de una violación grave de derechos humanos, aunque se desistiera, seguimos la investigación”, argumentó Ávalos Vázquez.
El pasado viernes, integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos dieron a conocer que se tienen documentados al menos 10 casos de tortura acrediatados por el Protocolo de Estambul, sin embargo la Defensoría no cuenta con esos datos expuestos la semana naterior.
Según los activistas, estas violaciones se dieron en la Fiscalía General de Justicia, a quien señalaron de prácticas violatorias de derechos humanos como golpear para generar culpables o como método de castigo.
Durante la manifestación de este grupo se hicieron acusaciones como el caso de Juanita Juárez, quien señaló que la muerte de su hijo, dentro del Cereso, no habría sido por suicidio, sino que el hombre de 42 años contaba con amenazas de muerte al interior del centro, por lo que exigió esclarecer el caso.
Migrantes
En otro orden de ideas, sostuvo que la DDHQ estará al pendiente de que se respeten los derechos de los migrantes que atraviesen Querétaro, esto aunque todavía no se le ha invitado al operativo correspondiente.
La invitación a colaborar se espera de la Secretaría de Gobierno del estado, toda vez que es la responsable de organizar el esquema; se trata de acciones que se deben efectuar en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).
“No nos han convocado a nosotros para esta cuestión, pero estamos pendientes. En el momento en que lleguen, nuestro trabajo es observar que precisamente las autoridades cumplan con el trabajo y su cometido”, agregó Ávalos Vázquez.
