En el estado de Querétaro el 85.5% de los delitos denunciados no fueron resueltos en 2024, de acuerdo con la Radiografía de la Impunidad, de México Evalúa, quien también reveló que el 91% de los delitos no se denuncian en la entidad.
El indicador del organismo contempló factores como las diversas vías para solucionar conflictos. Asimismo, se analizaron las sentencias en comparación con el universo de casos, en conjunto con las desestimaciones.
“La media en 2024 de los 27 estados estudiados es de 89.42% de impunidad. Es decir que, en promedio, sólo 10.58% del universo de casos fueron resueltos de forma efectiva mediante las soluciones efectivas”, detalló.
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El análisis de la organización expone que, aunque la entidad se posiciona entre las que presentan menores niveles de cifra negra en el país, la proporción de delitos que no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación continúa siendo elevada, lo que limita la capacidad de las instituciones para dimensionar y atender la incidencia delictiva real.
De acuerdo con México Evalúa, los resultados de Querétaro se deben a que el sistema en la entidad privilegia soluciones jurídicas tempranas y verificables, lo que se traduce en un desempeño más integral a lo largo del proceso penal y en un uso racional de las salidas efectivas.
Este comportamiento responde a la combinación de una alta imputación, el uso extensivo de mecanismos alternativos de solución de controversias y una baja dependencia del archivo. Asimismo, se destaca que el estado ha impulsado la justicia cívica como una vía para atender casos de baja conflictividad, lo que permite quitar presión al sistema de justicia y ofrecer respuestas más inmediatas a la ciudadanía; no obstante, se advierte la necesidad de generar indicadores que permitan medir su impacto en la reducción de la impunidad y en la carga del proceso penal.
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La cifra negra, que agrupa los delitos que no son reportados ante las autoridades o que no se investigan, representa uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública, ya que refleja tanto la falta de denuncia por parte de la ciudadanía como posibles deficiencias en los procesos institucionales.
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