En Querétaro, los edificios públicos deberán implementar, de forma obligatoria, la infraestructura suficiente para tener la accesibilidad necesaria para las personas con capacidades diferentes, indicó la directora del DIF estatal, María Eugenia Bueno Zúñiga, quien aseguró que 66 mil 900 personas padecen algún tipo de discapacidad.

Indicó que es importante que haya la accesibilidad suficiente en todos los edificios públicos, en las escuelas y demás inmuebles.

“Son 66 mil personas con discapacidad en todo el estado (…) Se instaló el consejo para las personas con discapacidad. El 31 de octubre tendremos una reunión para discutir los diferentes temas que tienen que ver con la ley, particularmente, el tema importante, es el de accesibilidad y se harán mesas de trabajo con cada una de las secretarías y de las áreas involucradas, asimismo, con los diputados para llevar a cabo las acciones que se marcaron en la ley y que a cada instancia le corresponda”, mencionó la directora del DIF.

De acuerdo con el artículo 29 de la ley para personas con discapacidad en el estado de Querétaro, “los gobiernos de los municipios y del estado implementarán con fundamento en el Reglamento de la Organización Mundial de la Salud en la materia, así como del Código Urbano del Estado de Querétaro y la presente Ley, lo relativo a la urbanización, fraccionamientos y construcciones que se sometan a su aprobación; ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes; señalización a que deberán ajustarse los proyectos públicos y privados; sanciones por infringir dicha normatividad”.

Por ello las construcciones de carácter público de gran afluencia, de nueva creación o las modificaciones de las existentes, que a éstas se realicen, deberán contemplar las facilidades urbanísticas y arquitectónicas adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Deficiencias

A pesar de estas disposiciones que están establecidas desde 1998, existen edificios como Palacio de Gobierno y la Casa Legislativa en donde a pesar de que existen rampas para ingresar, no hay elevadores que permitan a las personas movilizarse hacia el segundo piso.

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