A 10 días de que se cumpliera el plazo, en sesión del pleno los diputados de la LVIII legislatura aprobaron por unanimidad la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Querétaro, con lo que se homologan los criterios locales con las disposiciones en la materia de la ley federal.

En esta reforma se tomaron en consideración diversas disposiciones, entre las que se incluyen las observaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que en su momento anunció que establecería una acción de inconstitucionalidad contra la ley local en la materia, puesto que violaba disposiciones del artículo sexto constitucional.

La diputada Daesy Alvorada Hinojosa, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información, aplaudió la aprobación de esta iniciativa, puesto que afirmó que se mejora tanto el contenido como la redacción de algunas disposiciones que se establecen en los artículos de la ley local en la materia.

“Por una parte, adecua de la mejor manera el contenido de la próxima ley queretana a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley general de transparencia, además que mejora el contenido de algunas disposiciones establecidas en los artículos de la ley local”, aseguró.

Asimismo, la legisladora del Partido Acción nacional (PAN) afirmó que este es un dictamen que habrá de venir a mejorar la vida democrática de los queretanos. “El dictamen que se discute en este pleno representa un avance más para la vida democrática de Querétaro, ya que viene a optimizar una nueva etapa normativa e institucional en materia de transparencia y acceso a la información”, dijo.

Asimismo, se aprobó que el Distrito Federal se convierta en la entidad federativa número 32 del país; la votación quedó con 23 votos a favor, una inasistencia y la negativa de la diputada Herlinda Vázquez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los argumentos utilizados por la legisladora para votar en contra fueron que con esta medida se le quita autonomía a aquella entidad y, aunque dijo que es necesaria y deseada por los capitalinos, el artículo séptimo transitorio de esta disposición representa un retroceso para los principios democráticos de representatividad y soberanía que tenía el Distrito Federal.

“Mi voto es en contra porque el procedimiento es incorrecto. Un 40% de los diputados elegidos por dedazo son una medida del PRI para posicionarse ilegítimamente en un territorio en el que no ha sido favorecido por los electores”, aseguró la diputada.

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