El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una sentencia favorable para la reparación del daño a favor de las mujeres otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes permanecieron, injustamente, tres años y ocho meses en la cárcel, acusadas del secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Por ello, la Procuraduría General de la República (PGR), organismo que las detuvo y encarceló, podría ofrecer una disculpa pública a las dos mujeres originarias de Amealco, Querétaro, así como otorgarles una indemnización económica, cuyo monto aún no se determina. Lo anterior, siempre y cuando la PGR no apele la decisión del Tribunal, ya que tiene derecho a hacerlo.
El abogado del área de Defensa Integral, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Tapia Olivares, explicó: “lo que ordenó el Tribunal es una reparación patrimonial y moral por el sufrimiento que les ocasionó acusadas de un delito que no cometieron”
En entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro, detalló: “se le ordena a la PGR que, a través de los mismos medios en los que publicó que ellas eran culpables, ahora aclaren que son inocentes. Esperamos que cumplan el ordenamiento, pueden impugnar la decisión, pero sería enviar un mensaje equivocado. Nuestra opinión es que debe acatar la decisión”.
Teresa González declaró que espera una disculpa de las autoridades, ya que afectaron a su familia, en lo económico y emocional.
“Para nosotras fue difícil recuperar nuestra vida porque yo tengo una niña, y que mi hija me pregunte ¿por qué estuvimos en la cárcel?, muchas cosas y muchas preguntas, y a su edad que tiene. Ya demostramos que somos inocentes, pero ellos no se fijaron que estaban destruyendo familias. No se preguntaron si tenían dinero para ir a vernos (a la cárcel)”.
Asimismo, Andrés Díaz Fernández, también abogado del Prodh, relató que el pleno del TFJFA se compone de 10 magistrados, de los cuales, ocho votaron a favor de este caso, este miércoles 20 de noviembre.
“El daño patrimonial se calcula con lo que ellas dejaron de percibir por ese tiempo en que estuvieron en prisión. Pero vemos que el Estado mexicano, dicta que cuando no hay un trabajo fijo, se tiene que calcular con el salario mínimo. Entonces no hay cantidad aún. Alberta trabajaba en una fábrica de pantalones de mezclilla. Y el tope es de 20 mil salarios mínimos. Pero para un daño moral no existe un tope, entonces esperaremos la sentencia”, confirmó.
Antecedentes
En 2006, en Amealco, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, fueron detenidas y encarceladas, acusadas de secuestrar a seis agentes de AFI.
Originarias de Santiago Mexquititlán, las tres fueron sentenciadas, en su momento, a 21 años de cárcel y adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.
El TFJFA también atrajo el juicio de reparación del daño de Jacinta Francisco Marcial.
Luis Tapia señaló que cada uno de estos juicios de reparación se iniciaron de manera autónoma ante la propia PGR y posteriormente ante el mencionado Tribunal, debido a que aun cuando la falsa imputación de las tres fue ventilada en la misma averiguación previa, el daño que sufrieron fue diferenciado.
Andrés Díaz resaltó que el Prodh acudió al TFJFA a través de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011.
“Es un recurso novedoso, pero también corresponde a la etapa histórica que atraviesa el Estado. Sí va a sentar un precedente para quienes están en prisión injustamente. Lo que hemos sustentado es que el abuso de autoridad tiene una sanción”, concluyó.
