Inés Acevedo Espinosa tiene como única compañía a Perla, una cocker spaniel enferma de 12 años de edad, desde hace poco más de un año, cuando su pareja, María Yolanda Torres, falleció. Desde entonces busca cobrar la pensión de su esposa, pues se casaron meses antes, trámite que no ha podido realizar ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no reconoce su acta de matrimonio, que fue inhabilitada por el Registro Civil, además de otros documentos.
Psicóloga de profesión, con 65 años de vida y sin un ingreso fijo, Inés necesita la pensión que legalmente le corresponde. Para sobrevivir tiene que vender las cosas que compraba Yola (como le dice de cariño a su compañera de vida durante 20 años), pero ese dinero se agota rápidamente y, actualmente, se siente “de la fregada”, pues además de la muerte de su esposa tiene que lidiar con todos estos problemas legales.
Narra que desde niña ella supo que era lesbiana y que con Yolanda no se pudo casar antes porque para contraer matrimonio en la Ciudad de México necesitaba comprobar que residían en la capital del país con la credencial de elector.
El año pasado, comenta, Yolanda le dijo que ya se podían casar en cualquier parte del país, gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que fue a averiguar al Registro Civil de Santa Rosa Jáuregui, donde le dijeron que, efectivamente, se podían casar.
Pidió los requisitos y enfrentaron algunos obstáculos, como tramitar su certificado de salud, donde el médico accedió de mala manera e incluso lo hizo con errores. “Tenía ya todo. Fui (al Registro Civil) y que ya no nos podían casar, porque el Código Civil de aquí (de Querétaro) no lo contemplaba, que no estaba reformado y que había alguien que no quería permitir que nos casáramos”.
Después de dar muchas vueltas, indica, pudo hacer el trámite, no sin impedimentos y trabas que ponían las autoridades, pues “pueden robar, engañar, mentir, violar y no hay ningún problema, pero que no se les atraviese un prejuicio, porque entonces: ‘Santo, santo’. Porque así es, porque pueden hacer lo que se le pegue la gana, pero que no haya un prejuicio”.
Finalmente, les dijeron que sí las casarían, pero no en Santa Rosa Jáuregui, sino en Madero, frente al Jardín Guerrero, porque la juez de Santa Rosa modificaría el acta de matrimonio, que dice “nombre del contrayente” y “de la contrayente”.
Apunta que el juez que las casó en el centro les dijo que también había solicitado la modificación del acta, para que dijera “nombre de o la contrayente” para ambos casos, pero no se logró, por lo que le recomendó acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y también a unos juzgados federales.
Explica que el hombre les comentó que las iba a casar, a reserva de que el acta iba a salir de manera tradicional. Sin importar eso y con el temor de que llegara alguien a interrumpir la boda, Yola e Inés se casaron el 31 de julio de 2015.
Se cumplió con todos los requisitos que marca la ley, no obstante, fueron a recoger el acta de matrimonio hasta el 4 de septiembre de ese mismo año, porque entraron en una promoción con la que la boda costaría más barata.
Fue en un evento que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario donde recogieron su acta de matrimonio que, por cierto, enfatiza, no aparecía, hasta que luego de un tiempo apareció.
El 7 de septiembre acudirían a la DDHEQ para presentar su queja, porque no se había modificado el acta, pero recibieron a una amiga y fueron al siguiente día.
Tras presentar la queja, Yola comenzó a sentirse mal, por lo que fueron al IMSS e internaron a su cónyuge, donde estuvo hasta su deceso, el 2 de octubre de 2015. Inés guarda un largo y doloroso silencio.
Sus ojos se humedecen y solloza, recordando la pérdida de su pareja, con la que viajó por distintos puntos del país y con quien pasó los últimos 20 años de su vida, compartiendo anécdotas, discos, los perros, el gusto por la pintura y por supuesto su amor.
Luego de la muerte de Yolanda, Inés comenzó a hacer los trámites que corresponden, como las actas de defunción y otros papeles que tenía que llevar a diferentes oficinas.
“Yola era pensionada. Yo no me pensioné. Trabajaba en la SEP, pero en 1995, cuando hubo un recorte grande y general, el criterio que usaron para sacar a la gente fue a todos los que no tengan hijos”, rememora.
Apunta que para recibir la pensión de Yolanda, como su viuda, le pedían un acta de matrimonio reciente, aunque para ella era la que habían recibido, pues de la boda no había pasado mucho tiempo.
“Resulta que cuando voy a sacarla (al Registro Civil) no aparece. Me mandan a Juárez 50. Voy y me dicen que está inhabilitada, porque no había metido amparo (para casarse). Les dije que reuní todos los requisitos que me pidieron, nadie me dijo que necesitaba un amparo para que me casaran”, menciona Inés.
Precisa que desde mediados de octubre del año pasado su acta de matrimonio está inhabilitada y, por ello, legalmente no está casada, al menos para el municipio de Querétaro, a pesar de cumplir con todos los requisitos que marca la ley para contraer matrimonio civil.
Inés muestra fotografías de Yolanda y ella. Se pone en evidencia que la mujer bajó mucho peso en un año, en parte también por la diabetes que padece. Agrega que en el Registro Civil “le hicieron el favor” de entregarle el acta de matrimonio, como una consideración por la muerte de su esposa.
Para esas fechas ya se había enterado que había otras cinco actas de matrimonio inhabilitadas, de parejas que se casaron después de ellas. “En la administración pasada hubo bodas (entre parejas igualitarias), pero las inhabilitaron, pero como no les dio resultado, ahora, en esta administración, no las están casando”, subraya.
Narra que ya con su acta de matrimonio fue al IMSS, en donde le recibieron el papel en cuestión, pero le comenzaron a dar largas a su caso. En las oficinas centrales del instituto le dijeron que debía tener al menos un año de casada para tener derecho a la pensión, a pesar de que les explicó que no se pudo casar antes por la cerrazón de algunas autoridades.
Añade que, en respuesta a sus peticiones, el IMSS ha señalado que no reconoce los papeles de Inés por ser copias (a propuesta de los abogados de la Profedet a quienes se acercó) y no reconocer las pruebas de la convivencia de Yolanda e Inés.
Inés come gelatina mientras intenta que Perla, que se ha negado a comer en tres días, pruebe su alimento. La cocker no para de ladrar, mientras Inés recuerda que en los últimos días pintaba la casa con Yolanda, por lo que sus cuadros están guardados en bolsas de plástico.
Inés no tiene ingresos fijos y no sabe qué le espera en el futuro cercano, al tiempo que afirma que no sabe de otros casos similares en el estado: “Soy la única que me casé y se me murió luego, luego, pero ya llevábamos 20 años juntas”.
Sigue en espera de que las autoridades puedan darle la pensión que necesita para vivir y que le corresponde por derecho, mientras busca la forma de sobrevivir a sus carencias económicas y al dolor de perder a su ser amado.
