El municipio de San Juan del Río tendrá que pagar un recurso mayor a 10 millones de pesos a cinco ex trabajadores que demandaron por despidos injustificados y que desde la pasada administración obtuvieron laudos favorables, denunció uno de los afectados David Chávez quien advirtió que el monto a pagar sigue aumentando por concepto de salarios caídos.
Dijo que el municipio ha incurrido en desacatos al negar bienes en garantía de embargo, proceso iniciado por representantes legales del ex trabajador David Chávez Dorantes, quien desde 2014 obtuvo una sentencia laboral a su favor por despido injustificado.
El ex trabajador recurrió a la legislatura local y a la Entidad Superior de Fiscalización para informar de la falta de pago por indemnización y salarios caídos que ascienden a 1.6 millones de pesos, luego de ser despedido en 2010.
En julio de este año los representantes legales del ex trabajador realizaron una diligencia de embargo a bienes del municipio para cumplir con la indemnización, sin embargo, representantes legales de la administración dispusieron en garantía bienes no sujetos de este proceso legal, quedando sin efecto dicho embargo.
Previamente, se intentó un primer embargo al finalizar la administración de Fabián Pineda Morales, sin resultados favorables para el ex trabajador.
“Hemos recurrido al embargo de bienes como una forma de obtener la indemnización, en dos ocasiones se han llevado a cabo las diligencias y los representantes legales del municipio ofrecen terrenos que no están desincorporados, o cuentas bancarias sin fondos, son argucias legales, pero al final están desacatando los fallos laborales”, argumentó David Chávez.
Advirtió que, por la negativa del municipio a realizar el pago de indemnizaciones, la afectación a las finanzas va en aumento, tras recordar que además de su caso, se emitieron laudos a favor de otros cuatro trabajadores representados por Norma Rocha, quien también fue trabajadores de presidencia.
Para agosto de este año, el monto de indemnización a favor de estos cuatro trabajadores era de 7.3 millones de pesos, pero David Chávez aseguró que ha incrementado por el concepto de salarios caídos “estimamos que por los cinco casos el adeudo ya esté en 10 millones de pesos y ellos siguen sin pagarnos a pesar de ello”.
Agregó que ante el incumplimiento del municipio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dio vista a la cámara de diputados y a la Entidad Superior de Fiscalización debido al daño a las finanzas públicas que la presenta administración genera al no pagarles.
“Vamos a buscar un nuevo acercamiento con las autoridades municipales esperamos que haya entendimiento y disposición para que cumplan, o de lo contrario tanto yo como los otros ex trabajadores planeamos una nueva estrategia legal para que se nos indemnice como nos corresponde”.
Consideró que el gobierno municipal busca postergar el pago, argumentando imposibilidad para disponer de bienes en embargo, con el objetivo de que estos asuntos laborales se hereden a la siguiente administración, pero agregó que con esta medida, sólo incrementa el monto a pagar.
