De acuerdo con el delegado estatal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Eleuterio Zamanillo Noriega, en los municipios de Querétaro, San Juan del Río y Corregidora fueron clausuradas cinco escuelas, en el último trimestre de 2012, por ser calificadas como piratas.
Aunque no dio a conocer los nombres de las instituciones por cuestiones legales, Zamanillo Noriega, manifestó que la mayoría de estas escuelas son detectadas en el municipio de San Juan del Río y corresponden al nivel educativo medio superior.
Destacó que se tiene conocimiento que alrededor de 900 estudiantes se vieron perjudicados al haberse inscrito en estas instituciones que no contaban con validez oficial.
“La Profeco las detectó, las clausuró y decidieron cerrar sus puertas y lo que tuvo que hacer la Secretaría de Educación del estado fue encontrar la manera de colocarlos en escuelas equivalentes pero que si tuvieran validez”, apuntó.
Zamanillo Noriega comentó que estas cinco escuelas estaban registradas, en Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Michoacán, pero en la entidad no estaban reconocidas.
El delegado de la SEP, mencionó que también se detectaron que más de 90 jóvenes, que por alguna situación no pudieron concluir su educación preparatoria, recurrieron a la compra de certificados de terminación de estudios falsos.
Comentó que estos casos salen a la luz al momento en que el estudiante quiere tramitar su cédula profesional, ya que se lleva a cabo una inspección de toda la documentación para poder proporcionarla.
Los certificados para preparatoria cuestan entre 10 y 15 mil pesos en el mercado negro, mientras que para el nivel profesional el valor oscila entre los 40 y 60 mil pesos.
Añadió que los jóvenes que se les detectaron certificados apócrifos, alegan haber estudiado en alguna preparatoria incorporada a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Zamanillo Noriega detalló que a los jóvenes que caen en esta situación se les sanciona eliminándoles toda su curricula académica.
Añadió que de igual manera se inicio la averiguación previa correspondiente para que sea el Ministerio Público quien investigue quien hizo los documentos y quien los compró.
“Al ser cómplices del uso indebido de documentos oficiales si hay una sanción, no creo que amerite prisión a menos que haya una modificación reciente en el Código Penal”, señaló el funcionario.
