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El coordinador del PAN en el Congreso local, Guillermo Vega Guerrero, alertó que la iniciativa de Morena para modificar la Ley de Aguas Nacionales representa un riesgo real para las familias, los productores y los municipios, pues concentra todas las decisiones en el gobierno federal y elimina la participación técnica y operativa de los estados y de los propios usuarios.
Sostuvo que la propuesta presidencial ha generado rechazo y repudio en todo el país, al grado de que productores han bloqueado carreteras y autopistas. Afirmó que lejos de mejorar el acceso al recurso, la reforma pretende retirar a los gobiernos locales la facultad de administrar el agua en cada región.
“Decisiones que hoy se toman cerca de la gente pasarían a manos de una sola autoridad en la Ciudad de México. Cada cuenca enfrenta problemáticas distintas, desde sobreexplotación hasta contaminación o falta de infraestructura”.
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El legislador panista advirtió que el nuevo modelo abre la puerta a la discrecionalidad al permitir que la Federación decida a quién otorga o niega concesiones sin reglas claras. Dijo que esto generaría incertidumbre para agricultores, industria y organismos operadores, que requieren estabilidad para invertir y mantener sistemas de abasto. También reprochó que la iniciativa no propone soluciones reales a la crisis hídrica.
“No se habla de modernizar tuberías, reducir fugas, aprovechar aguas tratadas o mejorar plantas de bombeo. Solo se centralizan facultades”.
Subrayó tres artículos que calificó como “los más graves”; el primero es el 22, donde Morena plantea que la Federación pueda revocar o negar concesiones sin estudios técnicos obligatorios. “Un agricultor, una empresa o incluso un municipio podrían perder acceso al agua por decisión política, no por razones técnicas”, afirmó.
El segundo es el 13 Bis, que reduciría los Consejos de Cuenca a órganos consultivos sin capacidad de decisión, dejando fuera a estados, municipios, usuarios y especialistas.
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El tercero es el artículo 11, que amplía las facultades federales para imponer sanciones o intervenir sistemas de agua sin criterios de proporcionalidad ni plazos claros de defensa.
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