La diputada María Leonor Mejía Barraza, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Legislatura local, ha presentado una iniciativa de ley con el objetivo de que ningún servidor público que sea deudor alimentario pueda ser nombrado o continuar en su cargo dentro de la administración pública de Querétaro.
La propuesta busca adicionar el artículo 13 Bis y la fracción XVII al artículo 54 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. De ser aprobada, esta medida aplicaría de manera transversal a todos los niveles de gobierno, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos con autonomía constitucional, los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y municipal.
Durante su exposición, la legisladora Mejía Barraza enfatizó que el propósito fundamental es garantizar el bienestar de los menores de edad. “Estoy convencida de que el primer ejemplo debe venir de quienes ocupamos cargos públicos. Por eso presenté esta iniciativa, que busca garantizar que nuestras infancias tengan asegurada su alimentación, salud, educación y vestido”, afirmó.
Para dimensionar la problemática, la diputada señaló que en Querétaro entre el 30 y 35% de los casos que se ventilan en los juzgados familiares están relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias, una situación que afecta directamente a miles de familias.
La iniciativa postula que la responsabilidad familiar es un pilar de la ética en el servicio público. “Quien le falla a sus hijos, falla con la sociedad”, subrayó la legisladora, argumentando que el estado necesita funcionarios que demuestren un compromiso integral tanto en su vida privada como en sus funciones públicas.
La propuesta será analizada en comisiones para su posterior discusión en el pleno de la Legislatura queretana.
