En sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen de la iniciativa de Ley que reforma el Código Penal para el estado, a fin de sancionar la oferta de servicios académicos cuya certificación carezca de validez oficial.
Previo a la votación, el diputado Guillermo Vega, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la 61 Legislatura del estado, mencionó que con esta reforma se establece que a las personas propietarias o administradoras de instituciones que presten servicios educativos para cuyo ejercicio profesional se requiera título y cédula que no cuenten con la autorización o reconocimiento de validez oficial expedido por la autoridad competente y no lo mencionen en su correspondiente documentación y publicidad, se le impondrá de tres meses a cuatro años de prisión y hasta 180 días multa.
“Buscando ponerle orden a este tema, es que se propone a esta comisión, que podamos establecer un requisito más fuerte y que se combata la impunidad; a mí me da mucho gusto que estén instituciones educativas y estoy seguro de que más instituciones se sumarán a respaldar esto, porque también lo debo decir, es competencia desleal, es decir, estos prestadores no cuentan con las autorizaciones y engañan a la población”.
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El diputado morenista Homero Barrera resaltó que este tipo de propuestas deben ser acompañadas sin importar colores, ya que significan un beneficio real para las y los queretanos. “Lo que se pretende es que las instituciones sean claras, si no cuentan con los permisos y acreditaciones que la ley les exige, que así lo señalen clara y puntualmente en su publicidad y en toda su documentación. (…) Con esto ya no habrá engaños, no habrá maquinaciones para hacer caer a aquellas personas que buscando tener estudios, caigan en escuelas patito. Por eso es que adelanto mi voto a favor”.
El diputado Enrique Correa expresó que esta iniciativa la trabajó de manera conjunta con el diputado Guillermo Vega, y coincidió en que este tipo de iniciativas no tienen colores, porque son con un alto sentido humanista y social; “tenemos que proteger a nuestra comunidad de los estafadores y de las personas que hacen ofertas educativas sin validez oficial, porque el daño es profundo y grave. (…) Me parece que esta iniciativa tiene que ir acompañada de la denuncia de quienes integran el sector educativo, para que cuando detecten una oferta de esta naturaleza, ejerzamos la acción ciudadana de participación y denunciemos, y podamos actuar con tiempo”.
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