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Durante lo que va del actual gobierno estatal, 113 servidores públicos han sido inhabilitados para ocupar nuevamente un cargo público y tres más han sido destituidos, informó el secretario de la Contraloría del Estado, Óscar García González.
De acuerdo con el funcionario, se trata de casos en los que las conductas observadas ameritaron sanciones más severas que una amonestación o suspensión. “Las inhabilitaciones y destituciones se aplican cuando hay un incumplimiento deliberado en el ejercicio de las funciones, por ejemplo cuando no se presenta la declaración patrimonial final o se detecta alguna irregularidad en el uso de recursos”, explicó.
Precisó que del total de 429 sanciones impuestas durante los casi cuatro años de la actual administración, 113 corresponden a inhabilitaciones y tres a destituciones declaradas por parte de la Contraloría estatal, en coordinación con los órganos internos de control de las dependencias.
“Son casos que ya pasaron todo el procedimiento y en donde se comprobó que el servidor público incurrió en una conducta indebida. Ahí sí se individualiza la sanción y se aplica el catálogo completo”, señaló.
García González detalló que entre las faltas más comunes que derivan en inhabilitaciones destacan el incumplimiento en la presentación de la declaración final de bienes, la omisión de supervisión en obras o acciones públicas y el manejo irregular de recursos.
Agregó que, de esas 113 inhabilitaciones, 13 son por faltas consideradas graves, las cuales implican restricciones para volver a ocupar un cargo público por periodos que van de cinco a diez años.
En algunos casos, incluso, los expedientes se encuentran ya en análisis ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sobre las áreas de origen de estos servidores sancionados, el titular de la Contraloría refirió que, por disposiciones legales, no es posible dar a conocer esa información mientras los procesos siguen en curso.
“Como son procedimientos que todavía están en investigación, la ley me prohíbe en este momento decir qué áreas o qué servidor”, puntualizó.
A pesar del número de procesos iniciados —6 mil 300 expedientes de responsabilidad en total, de los cuales 341 son por presuntas faltas disciplinarias— García González aseguró que el nivel de incidencia sigue siendo bajo, si se compara con el universo total de servidores públicos del Poder Ejecutivo.
“Es un número muy bajo si tomamos en cuenta que ya vamos en el cuarto año de gobierno”, refirió.
