Diputados locales buscan incorporar la figura de certificación de exposición o abandono en la legislación estatal, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de desamparo familiar.
Para esto se han propuesto reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro y al Código Civil del estado, con el fin de establecer mecanismos claros que permitan actuar con mayor rapidez y certeza jurídica en casos donde exista abandono, exposición o ausencia prolongada de quienes ejercen la patria potestad.
La iniciativa establece que cualquier persona o institución que encuentre a una niña, niño o adolescente en situación de desamparo deberá presentarlo ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado dentro de las primeras 24 horas.
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Asimismo, faculta a dicha Procuraduría para realizar el procedimiento de certificación de exposición o abandono, una vez agotadas las investigaciones correspondientes para localizar a la familia de origen y privilegiar, cuando sea posible y seguro, la reintegración familiar.
Además, una vez que el menor sea acogido en un Centro de Asistencia Social, comenzará un plazo inicial de 60 días naturales para investigar su origen y llevar a cabo las acciones necesarias para procurar su reintegración con su familia de origen o extensa, siempre garantizando que ello no represente un riesgo para el interés superior de la niñez.
La iniciativa fue presentada por las y los integrantes de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las diputadas y diputados Edgar Inzunza y Perla Flores, así como del procurador de la defensa del menor, Manuel Hernández
Leonor Mejía señaló que el interés superior de la niñez debe prevalecer en todas las decisiones del estado, especialmente cuando se trata de garantizar el derecho de las niñas y niños a vivir en un entorno familiar seguro y libre de violencia.
“Las niñas y los niños no pueden seguir esperando mientras los procesos legales o administrativos se prolongan. Detrás de cada expediente hay historias humanas, hay infancias que necesitan protección, estabilidad y una oportunidad de crecer en familia”, expresó.
La legisladora dejó en claro que esta no es una iniciativa punitiva y que no busca separar familias de manera automática ni vulnerar derechos. Señaló que el objetivo principal es evitar que la burocracia condene a niñas, niños y adolescentes a permanecer en abandono institucional por largos periodos, sin una respuesta efectiva por parte del Estado.