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La diputada Andrea Tovar presentó la iniciativa de reforma conocida como “Ley Monzón”, que busca retirar la patria potestad de las infancias a los padres acusados de cometer feminicidio y que se bautizó así por Cecilia Monzón, activista poblana asesinada en un atentado ideado por su expareja, Javier López, en 2022.
Acompañada de la diputada Mónica Silva, representante del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla, Tovar recordó que Javier López, que fungió como secretario de Gobierno en la administración del priista Mario Marín, fue sentenciado como autor intelectual del feminicidio, pero antes peleó en tribunales y obtuvo la custodia de sus hijos.
“Cecilia era abogada; activista por los derechos de las mujeres; madre de un niño de cuatro años y su muerte abrió una interrogante desconocida hasta ese momento: ¿qué pasa con un menor cuyo padre es el presunto feminicida de su madre? Que las infancias que hayan perdido a su madre y sigan conviviendo con el victimario, los coloca en una posición de vulnerabilidad”, explicó.
El asesinato, perpetrado por otros dos hombres, entre ellos otro político y exfuncionario, Santiago Bárcenas Álvarez y su sobrino, Jair “N”, provocó la movilización de activistas que han logrado que se apruebe la norma ya en 25 estados de la República. Por el antecedente de consensos generales en temas de violencia de género, Tovar se dijo confiada en que esta iniciativa será aprobada con el apoyo de todas las fuerzas políticas.
Silva Ruiz recordó que los cabildeos al inicio de la presentación de la reforma se detenían por los argumentos de mantener la presunción de inocencia. Sin embargo, se definió que el interés superior de las infancias es mayor, por lo que la reforma fue aprobada.
“Sí, efectivamente, es un presunto [feminicida], hay que presumir su inocencia, pero en Puebla en 6 o 7 años se llega a una sentencia condenatoria o absolutoria, y si en 7 u 8 años dicen ‘es culpable’, ese niño estuvo condenado a convivir con un feminicidio ese tiempo, robando su infancia”, señaló.
La iniciativa implica reformas los artículos 440 y 443 del Código Civil, así como al artículo 125 Bis del Código Penal local e implica también que, mientras se mantengan los procesos judiciales, aún así los padres garanticen la pensión alimenticia, educación y acceso a los servicios de salud de sus hijos.
