Se acerca la votación de la revocación de mandato, un instrumento propuesto por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Si bien esta propuesta ha conllevado una lluvia de apoyo por los lopezobradoristas, también ha sido recibida con recelo por la oposición política del país, así como por analistas políticos.
Por ello nos preguntamos si la consulta es confiable o no. Hay varias cuestiones que nos hacen meditar en torno a su legitimidad. Primero, es un ejercicio propuesto por el mandatario, no por los legisladores o, mejor aún, la ciudadanía.
Desde ahí entra la duda con respecto a su desarrollo, puesto que si se planea desde arriba, ¿qué garantía hay que se efectúe de manera correcta y sin sesgos si la que la plantea es la misma persona que va a luchar por permanecer en su puesto?
Revisemos los hechos. El interés de López Obrador es que la gente vote, pero hay varias lagunas que desvirtúan el ejercicio. Una de ellas es su promoción. Morena ha estado exponiendo la revocación de mandato no como tal, sino como una ratificación, figura que no es la que aparece en la normativa mexicana y que tergiversa el mismo espíritu del acto.
Otra es el limitado apoyo del Estado al INE para llevar a cabo el proceso y eso tiene varias razones. El presidente lo ha cuestionado en múltiples ocasiones, señalando que es corrupto y no sirve. Sabemos bien que todo lo que le parezca incómodo a López Obrador es un enemigo, es “conservador” y perteneciente a “la mafia del poder”, por lo que el Instituto también lo es.
En esta sintonía, la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, le otorgó el presupuesto al INE para organizar la revocación de mandato, pero el recurso es insuficiente y así lo expresaron por oficio las autoridades del organismo.
En esas condiciones es imposible que se pueda abarcar el número de urnas que demanda una votación de esta naturaleza en la que todo el padrón electoral está habilitado para votar. Entonces López Obrador dice que quiere que haya participación, pero con lo anterior sus diputados cerraron esa posibilidad, planchando una trampa para el Instituto.
Por otra parte, se puede decir que el mismo diseño de la revocación de mandato carece de legitimidad.
Considerando que estamos en una democracia (lo que significa que la mayoría manda), en el presente ejercicio basta con obtener el 40% de participación del padrón electoral para que el resultado sea vinculante. Bajo ese mecanismo, la minoría podría estar decidiendo sobre la mayoría si el 60% restante decidiera no participar. Eso es muy grave. Para que la revocación de mandato tuviese mayor legitimidad convendría que el límite mínimo de participación para que se tornase vinculante fuese de 66.6%, lo que representa dos tercios, o al menos el 51%, que sería poco más de la mitad, pero en ambos casos sería la mayoría.
Un apunte final es la incertidumbre en la garantía que podemos esperar de la aceptación por parte del presidente del resultado de la revocación. No es mentira, hay evidencia de al menos dos ocasiones en que López Obrador desconoció las elecciones que no le favorecieron y, en cambio, aceptó una que sí. ¿Qué garantía hay que esta vez lo haga si el resultado es su remoción? No le hagamos al cuento, el ejercicio no tiene el ánimo que se asegura tener, sino uno contrario: vanagloriar la figura del mandatario, por lo que no hay duda, esta revocación es de papel.
