Movimiento Ciudadano (MC) presentó en la Legislatura local una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social del estado, cuyo fin es impedir el uso electoral de los programas sociales y establecer sanciones administrativas y penales para quienes condicionen los apoyos o los utilicen con fines partidistas.
El senador Luis Donaldo Colosio, impulsor de la propuesta a nivel nacional, explicó que la reforma busca prohibir logotipos, colores, frases o cualquier elemento que identifique los programas con partidos políticos o personajes públicos, además de establecer reglas para su operación durante los periodos electorales.
“Los programas sociales son un acierto cuando se distribuyen de una forma correcta, cuando se les da seguimiento, cuando a las familias se les da acompañamiento, pero se utilizan cada tres y cada seis años como un esquema de presión político-electoral para lograr concentrar más poder a costa del bienestar de la gente”, señaló el legislador federal.
El senador afirmó que, aunque la legislación contempla la neutralidad de los programas, es necesario precisar los mecanismos para garantizarla y sancionar los abusos. Se mencionó que las penas podrían alcanzar hasta los nueve años de prisión.
La iniciativa también plantea transparentar los padrones de beneficiarios estatales y municipales, publicar los gastos destinados a los programas y dar a conocer fechas, horarios y criterios de entrega, con el objetivo de evitar duplicidades, manipulaciones y prácticas de clientelismo electoral.
Teresa Calzada, diputada local de MC, explicó que durante las vedas electorales los apoyos no deberán suspenderse, sino que podrán adelantarse para garantizar que los beneficiarios continúen recibiéndolos. También se busca impedir que los eventos masivos influyan en el voto.
“Estos derechos son universales, progresivos, de neutralidad política y solamente se destinan los recursos de manera imparcial, objetiva y transparente”, sostuvo.
La coordinadora estatal de MC y diputada federal Laura Ballesteros, dijo que los programas sociales pertenecen a la ciudadanía y no a los partidos ni a los gobiernos, pues se financian con recursos públicos.