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El conflicto social y político-administrativo que enfrenta el municipio de Peñamiller tuvo su origen en la destitución de la delegada municipal de San Miguel Palmas, Anallely Díaz Guerrero, el pasado 30 de octubre, pese a haber sido electa por la propia comunidad; la decisión del ayuntamiento generó inconformidad social y derivó en una disputa legal que escaló a instancias electorales.
El caso fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y posteriormente ante la Sala Regional de Toluca, las cuales determinaron que la remoción careció de sustento legal y ordenaron la reinstalación de la delegada.
El ayuntamiento aplicó medidas administrativas internas a través del Órgano de Control Interno, lo que impidió que Díaz retomara plenamente sus funciones y mantuvo paralizada la operación de la delegación.
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Esta situación derivó en malestar entre los habitantes de San Miguel Palmas, quienes denunciaron la falta de servicios básicos, ausencia de atención institucional y carencia de representación local, inconformidades que escalaron en protestas y posteriormente en la toma pacífica de la presidencia municipal.
En el contexto de las movilizaciones, el diputado local de Morena, Eric Silva Hernández, aseguró que las manifestaciones fueron organizadas por la ciudadanía y que su participación se ha limitado al acompañamiento; posteriormente advirtió que promovería un juicio político y la destitución de la alcaldesa de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén.
En tanto, el diputado federal de Morena, Gilberto Herrera Ruiz, hizo llamados públicos a privilegiar el diálogo y advirtió sobre posibles responsabilidades políticas si no se atiende el conflicto conforme a la ley.
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Ante la escalada del conflicto, el gobernador Mauricio Kuri González hizo este martes un llamado al diálogo y a la colaboración entre autoridades para evitar afectaciones a la población.
Instruyó al Secretario de Gobierno a establecer comunicación entre las partes involucradas para facilitar un acuerdo.
El dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, respaldó a la alcaldesa de Peñamiller y sostuvo que la destitución de la funcionaria fue resultado de un procedimiento legal, derivado de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos cobros indebidos a comerciantes.
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